proceso de paz en colombia Cartilla _Todo lo que debería saber sobre el proce | Page 14

Mitos &
realidades
sobre el
Proceso de
Conversaciones
Humberto de la Calle,
Jefe de la Delegación
del Gobierno Nacional
Algunos opositores al proceso de diálogo
en La Habana han puesto a circular
versiones falsas y mitos inverosímiles
sobre su verdadero alcance.
Vamos a esclarecer enseguida
las principales leyendas.
Primero. En La Habana están entregando
el país. Nada más alejado de la realidad. En pri-
mer término, las conversaciones se han venido
ciñendo estrictamente a los puntos pactados
en el Acuerdo General de La Habana del 26 de
agosto de 2012. Ambas partes encontraron que
estos puntos son eficientes y suficientes para
poner fin al conflicto y abrir, sin armas, una
etapa amplia de transformaciones con garan-
tías plenas para el movimiento que surja de las
FARC y entre en la política.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo
anterior, no hay que confundir las interven-
ciones habituales de las FARC a través de las
cuales dan a conocer las más disímiles posicio-
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nes políticas, con lo que ocurre en la Mesa de
Conversaciones.
En tercer lugar, lo pactado hasta ahora en los
dos primeros puntos de la Agenda, si bien con-
tiene puntos trascendentales para una reforma
rural integral y para una nueva apertura demo-
crática, está inscrito fielmente en el ideario del
Estado Social de Derecho.
Segundo. Viene una reducción de las fuer-
zas armadas y un recorte de su estatus como
consecuencia de la terminación del conflicto.
Totalmente falso. La estructura y el funciona-
miento de las fuerzas armadas fue específica-
mente excluido de las conversaciones. Mientras
duran las discusiones las fuerzas armadas
seguirán operando a plenitud y si se llega a un
acuerdo, ellas continuarán cumpliendo con su
mandato constitucional en un contexto de paz.
Tercero. La reforma rural integral afecta
la propiedad privada. Los acuerdos buscan
que el mayor número de habitantes del campo
sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acce-
der a ella, mediante la creación de un Fondo
de Tierras para la Paz, acompañado de planes
en vivienda, agua potable, asistencia técnica,
capacitación, educación, adecuación de tierras,
infraestructura y recuperación de suelos. Todo
esto se hará con pleno respeto por la propiedad
privada y el Estado de Derecho. La principal
fuente de tierras aptas para la reforma rural
provendrá de la recuperación por parte del
Estado de tierras que hoy poseen narcotrafi-
cantes y delicuentes. Los propietarios legales
nada tienen que temer.
Cuarto. Las conversaciones son clan-
destinas, de espaldas al país. La experien-
cia mundial y colombiana indica que para que
estas conversaciones fructifiquen es necesaria
una dosis de confidencialidad. Negociar por
los micrófonos es la mejor forma de frustrar el
proceso. Pero tal como está acordado por ambas
partes, un Acuerdo final debe ser sometido
a refrendación de toda la ciudadanía, previo
un período de discusión abierta y profunda.
Nada se hará a espaldas del país. No obstante
lo anterior, sin eliminar ese principio básico,
se ha brindado información adecuada. El Jefe
de la Delegación del gobierno ha realizado 33
intervenciones desde la instalación de la Mesa
de Conversaciones en La Habana. Ambas partes
dieron a la publicidad sendos informes bastante
completos sobre los dos puntos acordados. En
desarrollo de la Agenda se han celebrado foros
amplios y pluralistas sobre tres puntos de la
Agenda, los dos últimos sobre el problema mun-
dial de las drogas. Las delegaciones definieron
tres mecanismos de participación ciudadana:
a) un mecanismo de recepción de propuestas
sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y
organizaciones, por medios físicos o electróni-
cos, b) la realización de consultas directas para
recibir propuestas sobre dichos puntos, y c) la
delegación en un tercero la organización de
espacios de participación.
Quinto. Habrá impunidad para los res-
ponsables de crímenes contra la humani-
dad. El Marco Jurídico para la Paz contempla
los límites generales de una estrategia integral
de justicia transicional que necesariamente ten-
drá que enmarcarse en las obligaciones interna-
cionales del Estado colombiano. La integralidad
se refiere, por un lado, a lograr una aplicación
coherente de una serie de distintas medidas
judiciales y extrajudiciales para la satisfacción
de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición; y de
otro, a permitir la reintegración sostenible de
los ex combatientes a la vida civil.
Todo el esfuerzo que adelanta el Gobierno para
lograr la terminación del conflicto debe concluir
en un fortalecimiento integral de la justicia y el
imperio de la ley en todo el territorio nacional,
lo cual es la verdadera garantía de no repetición.
El tratamiento jurídico de quienes hayan partici-
pado en graves violaciones a los DDHH en la fase
de transición depende de su disposición a recono-
cer su responsabilidad, hacer frente a sus víctimas
y participar activamente en la reconstrucción de
la verdad y la reparación de las víctimas.
En contextos como el colombiano, en donde se
requiere hacer frente a un legado de graves y sis-
temáticas violaciones a los derechos humanos,
una estrategia seria de lucha contra la impu-
nidad supone reconocer los límites del proceso
penal y multiplicar los esfuerzos a través de
distintos tipos de mecanismos. Más allá del
número de procesos penales y los años de pri-
vación de la libertad, la verdadera lucha contra
la impunidad se concentra en develar qué fue lo
que sucedió y por qué; reconocer a las víctimas
y repararlas integralmente de manera pronta; y
atribuir responsabilidad a los máximos respon-
sables de los crímenes internacionales, a través
de mecanismos públicos, de fácil acceso, con
decisiones prontas y claras, que le permitan a
las víctimas y a la sociedad en general, volver a
confiar en las instituciones.
En resumen, la justicia transicional no es un
acto de resignación y de concesiones a los vic-
timarios, más bien es una oportunidad para
hacer frente de manera definitiva a un legado
de gravísimas violaciones a los derechos huma-
nos y arraigar por fin el Estado de Derecho en
todo el territorio nacional.
Conclusión. Bienvenida la crítica.
Finalmente, como se dijo, serán los
colombianos los que decidan el rumbo.
Pero, entre tanto, es necesario un
esfuerzo leal para que la discusión se base
en hechos ciertos y no en mitos y leyendas
propalados en contra de la realidad.
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