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Los logros alcanzados por el litigio estratégico en nuestro país demostraron la importancia de este tipo de proceso para fomentar e impulsar reformas de políticas públicas con impacto en el interés público.En consecuencia, los jueces se vieron compelidos a adoptar un rol activo y comprometido con las políticas públicas.
Por ejemplo, podemos mencionar el fallo Viceconte a través del cual se obligó al Estado a producir la cantidad necesaria de la vacuna Candid 1 contra la Fiebre Hemorrágica Argentina en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui, asegurando su suministro a la totalidad de la población potencialmente afectada por el virus.
El caso Mendoza versó sobre la contaminación del Riachuelo y su afectación a los vecinos. En él se puso de relieve la necesidad de trabajar articuladamente con los distintos estados, incluyendo la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. La Corte Suprema conminó al Estado Nacional, Provincial y a la Ciudad de Buenos Aires a encontrar soluciones en conjunto para esta afectación de derechos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podemos mencionar en la acción judicial colectiva contra el Gobierno, para exigirle el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad establecido en las Constitución local.
Asimismo,recordamos la acción de amparo contra el Senado de la Nación, para que diera cumplimiento a la Ley de Ética Pública y permita el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de sus miembros.
Como se destacó en el inicio del presente artículo, el litigio estratégico es una herramienta valiosa y útil para promover desde la sociedad cambios en las políticas públicas.
Ahora bien, es necesario analizar de qué modo interactúa esta herramienta jurídica con otras disciplinas como son los medios de comunicación y las redes sociales, para de esta forma potenciar los resultados obtenidos por medio del litigio estratégico.
En muchos casos, la sola verificación de una infracción legal es insuficiente para forzar a las autoridades a implementar las medidas satisfactorias correspondientes. Es aquí donde aparece el desafío de ampliar su campo de acción y aprovechar los medios de comunicación y las redes sociales como un amplificador para promover la toma de conciencia pública y generar la presión social necesaria para que se implementen las políticas renovadoras que correspondan.
Esta vía de relación es bidireccional.Los litigios deben ser comunicados en forma efectiva y además aquellos en condiciones de promoverlos debemos estar alerta y reconocer las cuestiones que preocupan a la sociedad civil. Para ello los medios de comunicación como las redes sociales constituyen una fuente fundamental a tener en cuenta.
En este contexto,el litigio estratégico puede ser el vehículo jurídico mejor calificado para canalizar legalmente demandas de cambio de la sociedad y, a la vez,apalancarse en los medios y redes para obligar a las autoridades mediante esa conciencia pública.
Por todo ello, el desafío es poder construir estrategias que incluyan la disciplina jurídica, comunicación y sociológica relevantes para lograr hacer efectivos y permanentes los efectos del litigio y trascender a las partes.