José Martínez de Hoz (h)
El Litigio Estratégico y sus desafíos
El propósito del siguiente artículo es identificar los desafíos que nos propone el litigio estratégico en la actualidad, su interacción con disciplinas no jurídicas y el impacto en la sociedad. El litigio estratégico es una herramienta utilizada para construir y promover la consecución y/o la implementación de reformas estructurales de políticas públicas eficientes a través de la intervención judicial. Tales políticas deben contemplar la protección y el efectivo goce de derechos de todos los ciudadanos, y en especial, de las poblaciones más vulnerables.
El litigio estratégico constituye asimismo un instrumento judicial que permite el acceso a la justicia a los sectores más postergados de la sociedad, que ante la imposibilidad de acudir por sus propios medios a una adecuada defensa legal, logran obtener la salvaguarda de sus derechos por esta vía indirecta.
Ante la existencia de problemas estructurales o incumplimientos sistemáticos de obligaciones jurídicas (en muchos casos por organismos del Estado, tanto a nivel nacional como local), el litigio estratégico se erige como un potente ariete para promover los cambios que necesita la sociedad.
El litigio estratégico obliga frecuentemente a realizar un análisis de constitucionalidad respecto de una realidad amplia, que involucra, de modo simultáneo normas, actos, conductas y omisiones. Es decir, que se analiza una determinada porción de la realidad y se la compara con lo previsto por la Constitución, a fin de determinar si la primera es compatible con las normas constitucionales y, en su caso, tomar medidas que con distinta intensidad, procuren revertir un determinado estado de cosas que se juzga negativo, pero en forma consistente con las normas constitucionales.
En estos casos, los jueces ejercen un control de constitucionalidad similar al que pueden efectuar en cualquier otra ocasión, sólo que en lugar de analizar por separado cada uno de los elementos cuestionados (normas, actos omisiones, etc.), adquiere una mayor importancia la mirada comprensiva o global del problema y la idea de sistema, así como una visión de transitoriedad que debe guiar la implementación de soluciones cuya competencia ha sido atribuida por la Constitución a otros órganos del gobierno.
En virtud de ello, el litigio estratégico supone una percepción de justicia que permite concebir al pleito en términos pragmáticos y diferenciados para la promoción de intereses públicos. Aunque el caso concreto involucre solo a uno o varios individuos, o un grupo o clase determinada, el objeto del litigio estratégico se caracteriza por tener un interés público por los efectos que la resolución de ese litigio individual podrían causar en la vida de otras personas en situaciones similares y en la puesta en marcha de políticas efectivas.