Dentro de los casos asignables se encuentran cuestiones relativas a la identidad y documentación de las personas, acceso a prestaciones de salud y cobertura ante las Obras Sociales, temas de discapacidad y pensiones no contributivas, reclamos laborales, de daños y perjuicios y asesoramiento de víctimas en procesos penales con especial hincapié en la problemática de violencia familiar. La actuación que asumirán los estudios jurídicos en reclamos laborales y de daños y perjuicios será la representación extrajudicial, proceso de conciliación ante el SECLO y/o mediación obligatoria. Una vez agotada esta instancia prejudicial cesará la intervención del profesional patrocinante, incluso cuando no se hubiere obtenido el resultado perseguido.
En principio, dado que se trata de un proceso de aprendizaje para la Dirección, la Comisión y para los propios estudios jurídicos de la Red Pro Bono se acordó recibir hasta diez casos asignables por mes.
Actualmente el mecanismo se encuentra funcionando y han ingresado hasta principios de noviembre ocho casos en los cuales trabajan cuatro estudios jurídicos miembros de la Comisión.
Es de destacar que desde la Dirección se llevará un registro para ir detectando situaciones que se presenten en reiteradas oportunidades y así encontrar soluciones de fondo a problemas legales sistémicos articulando además con otros Organismos Públicos.
Una cuestión importante es la intención de replicar esta experiencia piloto en los más de 80 CAJ dependientes del Ministerio que trabajan a lo largo de la Argentina. Para ello tanto el Colegio como el Ministerio planificarán acciones conjuntas de difusión, tales como charlas informativas en los colegios de abogados de las distintas jurisdicciones de las Provincias, con el objetivo de lograr que letrados de todo el país se involucren y participen en este proyecto.
Hasta aquí la reseña de las principales características del Programa para facilitar el acceso a la justicia a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En lo personal me parece justo resaltar el valioso trabajo en equipo de todos los integrantes de la Comisión y de los estudios jurídicos de la Red Pro Bono. También valorar la posibilidad que nos brinda el Ministerio de trabajar “codo a codo” entre las autoridades y la sociedad civil. No es algo que suele ocurrir a menudo.
Lo que más me llena de orgullo es la oportunidad que tenemos los abogados que integramos el Colegio de cumplir con nuestra obligación ética de trabajar pro bono a fin de colaborar en mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos más vulnerables.