Presentado el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español | Page 284

EXTREMA DERECHA Y DISCURSO DEL ODIO

así la primera usurpación de un inmueble por parte de la extrema derecha en la
capital, otro grupúsculo neonazi hacía lo propio.
Alianza Nacional, partido al que la Fiscalía comenzó a tratar de ilegalizar
hace dos años, se fundó en 2006 tras un proceso constituyente en el que la
formación se definió como nacional-revolucionaria con base ideológica fascista. Según su jefe nacional, el abogado Pedro Pablo Peña, no se puede calificar a
su partido como neonazi. Con todo, en su perfil de Twitter él se autodefine
como «hitleriano» y reconoce que su formación «bebe de las fuentes de los
fascismos europeos históricos, entre ellos el nacionalsocialismo alemán y el
nacionalsindicalismo español». Peña, contrario a la inmigración y defensor de
la reinstauración y aplicación de la pena de muerte «para los que atenten contra
la unidad de España» fue condenado en el año 2002 a la pena de prisión por
tenencia de sustancias incendiarias o explosivas, que la Policía halló en la sede
de AN. (El Mundo, 19 de septiembre).
Este modelo de comedor social para nacionales también se puso en práctica
durante el pasado año 2015 en Valencia. La ONG Hogar Social Patriota María
Luisa Navarro, vinculada al partido España 2000 realizaba en febrero una nueva entrega de alimentos «sólo para españoles» en la localidad valenciana de
Torrent. El Ayuntamiento había manifestado su oposición. La formación, que
había sido protagonista de un gran revuelo por llevar a cabo acciones similares
en varios lugares como el barrio valenciano de Orriols (una zona caracterizada
por la numerosa población inmigrante), a la que acudieron cientos de vecinos,
repetía una vez más la iniciativa. Así, en el mes de abril trató de entregar 2.000
kilos de alimentos además de juguetes con un marcado carácter xenófobo, ya
que era sólo para «familias españolas necesitadas» en el barrio del Chaparral de
Valencia, los beneficiarios debían presentar el DNI «español» y la tarjeta del
paro. Junto a las mesas se colocaron dos pancartas en las que se podía leer
‘Justicia Social, prioridad nacional’ y ‘España 2000 por la justicia social’.
Desde València en Comú consideraban que existían «suficientes motivos»
para considerar esta acción como discriminatoria «que, sin lugar a dudas, provocará un profundo malestar entre el vecindario del barrio, dando pie a la aparición de tensiones sociales o una conflictividad derivada del mismo reparto
discriminatorio de los alimentos». (El Diario, 12 de abril).

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