Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español
Un año después, los CIE siguen abiertos a pesar de los pasos dados por parte de algunos ayuntamientos como el de Barcelona, que ha pedido el cierre del CIE por falta de licencia municipal y el respaldo que ha obtenido de otros ayuntamientos como Madrid y Valencia, en el ámbito de sus competencias en Derechos Humanos.
Además de ser centros donde no se garantizan los derechos de las personas internadas, los CIE no cumplen el objetivo para el que supuestamente han sido creados. Según la Ley de Extranjería, los CIE son « establecimientos públicos no penitenciarios » cuyo único propósito es asegurar la ejecución de la sanción de expulsión.
Si tomamos los datos de 2015 2, veremos que de las 10.594 expulsiones forzosas que se realizaron desde el estado español, 2.871 fueron hechas desde los CIE. Esto significa que solo el 27 % de las personas expulsadas ha estado internada previamente en un CIE. Desafortunadamente, hay que constatar que cada vez hay más expulsiones directamente desde comisaría. Son las llamadas « expulsiones exprés », realizadas en 72 horas, en las que las posibilidades de defensa se encuentran muy mermadas.
Otra cuestión importante es que tan solo el 41 % de las personas internadas en los CIE son expulsadas, quedando el resto liberadas en el estado español en las mismas circunstancias que antes de su detención. Este porcentaje de expulsiones cae al 20 % de media para las personas inmigrantes subsaharianas, según estimaciones de Karibu basadas en la situación en el CIE de Madrid.
La existencia de los CIE muestra su verdadero sentido si adoptamos una mirada más amplia sobre la política migratoria: una política que empieza por las identificaciones por perfil étnico en las calles de nuestras ciudades y pueblos y que tendría como objetivo no declarado la criminalización de la inmigración y el sometimiento de las personas inmigrantes irregulares a una lógica del miedo y de la invisibilidad.
En este contexto, la amenaza continuada de la existencia de una cárcel para personas extranjeras en la que cualquiera que no pueda demostrar encontrarse de manera regular en el país pueda ser internada( y, en ocasiones, expulsada) es una herramienta clave para mantenerlas en una situación de exclusión social.
Además de la propia existencia de los CIE como elemento amenazador para las personas inmigrantes, nos encontramos con que la reclusión en estos centros se hace a expensas de sus derechos más elementales.
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Informe anual 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura- Defensor del Pueblo