Presentado el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español | Page 146

POLÍTICA MIGRATORIA DEL ESTADO ESPAÑOL

nas con arraigo social, como es el caso de Belletti. Este caso es significativo
puesto que se trata de la primera persona que se querellará contra la Guardia Civil por los dispositivos policiales de la valla de Melilla. Antes de entrar
en España Belletti fue devuelto en caliente a Marruecos en uno de sus intentos
de saltar la valla, el pasado 1 de mayo de 2014. En este sentido su abogado
también presentó una querella criminal en un juzgado de Melilla contra el jefe
del dispositivo policial ese día por un presunto delito de prevaricación, porque
tenía que conocer, que estaba realizando una acción ilegal.
En mayo, un juez ordena a Salud que atienda a los extranjeros del CIE de
Barcelona. Tras detectar «deficiencias» en el día a día del centro, el magistrado
acordó medidas para «mejorar las condiciones de estancia de los extranjeros»
que viven allí a la espera de ser expulsados. El auto ordena, entre otras cosas,
que se garantice el derecho de todos los internos a recibir la asistencia médica
que necesiten. Cuando una persona es ingresada a un CIE, la Policía suele
requisarle el teléfono móvil, el reloj de pulsera y otros objetos. El juez dice que
esa situación debe acabar. Y señala que, pese a que las personas ingresadas en
los CIE estén privadas de libertad (por una situación administrativa irregular, no
por haber cometido un delito) no se les debe restringir también «el derecho a las
comunicaciones telefónicas». El juez acuerda que puedan usar sus móviles
para «facilitar la comunicación con sus parientes o amigos y aliviar su soledad y
angustia». La resolución también insta al CIE a «no agotar la ocupación máxima posible de cada celda», que es de seis internos. El juez recuerda a la dirección que debe «colocar sanitarios en el interior de los dormitorios» y, también,
habilitar más duchas en los módulos que están vacíos. Así se evitará que los
internos solo dispongan, como ocurre ahora, de «dos o tres minutos» para
ducharse, lo que origina «problemas de convivencia».
En junio, Colau y unas 1.000 personas piden el cierre del CIE de Barcelona. Mediante un comunicado, la iniciativa tiene como objetivo denunciar la
existencia de los CIE y de «las políticas migratorias racistas», y pidieron al
Parlament que se posicione a favor del cierre. Colau se ha comprometido a
trabajar para mejorar el transporte, el acceso al centro y para dar más apoyo
social y jurídico a las personas, y ha dicho que «mientras el CIE no cierre, el
Ayuntamiento hará todo lo que esté en sus manos para ayudar a las familias».
Aseguran que el CIE no «garantiza la seguridad y los derechos de las personas
retenidas». Al acto también asistieron el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la concejal de BComú, Laia Ortiz; el eurodiputado de
ICV–EUiA, Ernest Urtasun; el diputado de ERC, Oriol Amorós, y la concejal
de ERC en el Ayuntamiento, Trini Capdevila, entre otros.
Un mes más tarde, en vísperas de la votación del Parlament sobre el cierre de
los CIE, 17 personas ingresadas en el CIE presentan una carta «No queremos ser expulsados». Esta iniciativa fue impulsada por las organizaciones que
luchan por el cierre de los CIE –SOS Racisme, la plataforma Tanquem els CIE
y la ONG Migrastudium, entre otros– pero la carta la han redactado los internos.

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