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Una clasificación general respecto al personal que opera en el gobierno señala que existen dos tipos de personas que participan en la dirección y operación de las instituciones: políticos y funcionarios. Ambos tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que representan, lo que les coloca como servidores públicos. Para lograr buenos resultados en todo gobierno se requiere contar no sólo con funcionarios responsables, sino también con políticos responsables puesto que son éstos últimos quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones, y de estas decisiones depende a su vez la actuación de los primeros.
La ética pública da al servidor público un conocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación por difícil que ésta sea, ofreciéndole criterios para encontrar soluciones adecuadas. Los cambios en las actitudes de gobernantes y servidores públicos hacía una mejora en la calidad de los servicios e instituciones no se pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, proceden del «despertar» como dijera Aristóteles, o del «salir de la caverna» según afirmara Platón, provienen «de un verdadero cambio del corazón» como dice Caiden. En otras palabras, desde el pensamiento desde las convicciones debe brotar la fuerza dinámica que los convierta en acto.