gap remains: the explicit recognition of the right to a clean and healthy environment as a fundamental human right. In practical terms, this means that while there are now tools to hold perpetrators of severe environmental damage accountable, there is still no legal guarantee that all citizens are entitled to a protected environment as part of their basic freedoms. The European Commission continues to debate the inclusion of this right in the EU Charter of Fundamental Rights, even as countries like France and Sweden have already enshrined it in their national constitutions. For many observers, this new treaty marks a historic step in combating environmental impunity, yet it also underscores the contradictions between legislative ambition and the lack of political consensus to recognize environmental rights as universal principles.
Europa da un paso legal contra el ecocidio
El Consejo de Europa ha aprobado un importante tratado legal que permitirá juzgar penalmente actos que provoquen desastres ambientales graves, como derrames tóxicos, destrucción de hábitats o contaminación masiva. Esta medida busca establecer un marco jurídico que equipare ciertos delitos ambientales con crímenes internacionales, como el ecocidio. Organizaciones ecologistas y juristas celebran el avance, aunque advierten que aún falta un paso fundamental: reconocer explícitamente el derecho de todas las personas a un medioambiente limpio y saludable como un derecho humano básico. En la práctica, esto significa que, aunque ahora existan herramientas legales para castigar a los responsables de daños ambientales extremos, no se ha consolidado una base jurídica que garantice a la ciudadanía la protección del entorno como parte de sus libertades fundamentales. La Comisión Europea aún debate la posibilidad de incorporar este derecho en la Carta de los Derechos Fundamentales, mientras países como Francia y Suecia ya lo han incluido en sus constituciones. Para muchos expertos, el nuevo tratado representa un avance histórico en la lucha contra la impunidad medioambiental, pero también pone de manifiesto las contradicciones existentes entre la ambición legislativa y la falta de un consenso político pleno sobre el reconocimiento del derecho ecológico como un principio universal.
OTWO 71 / JUNE 2025 13