Odebrecht la holding del diablo Odebrecht | Page 21
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El 3 de agosto de 2017, el Presidente Lenin Moreno mediante Decreto Ejecutivo N°
100 le retiró las funciones que le fueron asignadas al iniciar su gobierno al vicepresidente
Glas. Según Moreno, la principal razón es una carta que Moreno considera ofensiva, y por
ser sospechoso de haber recibido 14 millones de dólares como cohecho por parte de
Odebrecht.
El 2 de octubre de 2017, el juez Miguel Jurado dictó prisión preventiva en contra
del vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros 6 implicados por el delito de
asociación ilícita por el caso Odebrecht. Meses después, el 13 de diciembre de 2017 se
impuso la pena de 6 años de encarcelamiento para Glas y su tío.
Guatemala
Se está investigando la sobrevaloración en la construcción de dos nuevos tramos de
carreteras que se contrataron con la empresa Odebrecht y el beneficio que habrían recibido
las constructoras privadas del país, Sigma y Conasa, que son parte de las investigaciones de
la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La Fiscalía contra la Corrupción presume que los funcionarios de las empresas
constructoras privadas, no están exentos del pago de sobornos, cohecho y enriquecimiento
ilícito, por parte de la empresa constructora privada Odebrecht.
El Ministerio de Comunicaciones del gobierno, anunció que emprenderá
investigaciones y acciones legales contra ex-funcionarios de la cartera, que firmaron la
modificación del contrato.
El gobierno confirmó que la querella ya está preparada y es contra todos los ex-
funcionarios del anterior gobierno, involucrados en la modificación de un contrato firmado
con la constructora brasileña, según un informe del Departamento de Justicia de Estados
Unidos, Odebrecht pagó US$18 millones de dólares a funcionarios entre los años 2013 y
2015, correspondientes al gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.
En contra de la constructora brasileña existen varias denuncias, presentada en julio
por la Contraloría General de Cuentas (CGC), es por el proyecto de rehabilitación y
ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, que conduce de
Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán y San Marcos, frontera con México.
La obra pública contratada por el gobierno con Odebrecht, debería haber terminado
el 30 de junio y cuando se procedió a hacer la revisión el Gobierno se percató que el avance
financiero de un 70% a la empresa constructora, no correspondía con el avance físico de la
obra de solamente un 33%, razón que propició la decisión judicial de detener la obra y
empezar la liquidación del contrato.
Además están incluidos los ex-viceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera,
y otros ex-funcionarios más. A su entender, en el contrato modificatorio hubo varias
irregularidades, García avanzó además que en conjunto con la Contraloría General de
Cuentas crearán una comisión de investigación para liquidar el contrato con la constructora.
Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un ciudadano