Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para Vivir Bien en Bolivia 2018-2022
ÁREA 3. GESTIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PLURAL EFECTO 3.1 LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO HAN DISEÑADO Y APLICADO POLÍTICAS EFICIENTES Y EFECTIVAS BASADAS EN EVIDENCIA ORIENTADAS A UNA AGENDA DE DERECHOS Y PROTECCIÓN SOCIAL QUE PROMUEVEN UNA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA, UNA DEMOCRACIA INTERCULTURAL Y PARITARIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE JUSTICIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y SECTORIALES DE CALIDAD, EN DIÁLOGO PERMANENTE Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL.
ODS |
Metas PDES |
Examen Periódico Universal |
Órganos de Tratados |
Procedimientos Especiales |
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Pilar 1 Erradicación de la pobreza extrema |
EPU 2010 17. Definir claramente el camino a seguir para la pronta aplicación del marco legislativo y regulatorio de la nueva Constitución a fin de realizar progresos en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales y alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la reducción de la pobreza. 24. Seguir promoviendo la igualdad de oportunidades y luchar contra la pobreza. 62. Seguir luchando contra la pobreza con el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional; intensificar los programas de lucha contra la pobreza con la asistencia de la comunidad internacional, según sea necesario; reforzar las medidas de reducción de la pobreza. continuar los esfuerzos para eliminar la pobreza. 63. Intensificar los esfuerzos para eliminar la extrema pobreza mediante la modificación de las políticas macroeconómicas y estructurales. |
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EPU 2014 113.12 Continuar con sus esfuerzos positivos para seguir reduciendo la extrema pobreza redistribuyendo la riqueza entre los más necesitados mediante prestaciones sociales adecuadas. 114.13 Adoptar nuevas medidas para sustentar y reforzar los avances conseguidos en la reducción de la pobreza.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 2008 12. El Comité recomienda que se estudie el efecto de la economía de mercado sobre la situación de pobreza de las mujeres y se incluyan medidas adecuadas al efecto en la estrategia de reducción de la pobreza. 13. El Comité insta al Estado Parte a que procure que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural de las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular las que viven en el medio rural, las mujeres indígenas, las mujeres adultas mayores y las mujeres con discapacidad. Recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos para ejecutar programas educativos eficaces en todo el país, particularmente en las esferas de la alfabetización funcional, las profesiones y la capacitación para la generación de ingresos, incluido el suministro de planes de microfinanciación, como medio de atenuar la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra, a la vivienda, a la atención sanitaria y a los servicios sociales básicos.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2008 27. El comité insta al Estado parte a que aborde los motivos concretos de preocupación que ya expresó con respecto su informe inicial
Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación 2007 e) El Gobierno debería destinar la mayor parte posible de los recursos disponibles a cerciorarse de que se avance en forma constante en la lucha contra la tragedia que significa la malnutrición y la pobreza extrema. Esta tarea debe incluir la de reasignar nuevos recursos del impuesto sobre los hidrocarburos directamente al Programa desnutrición cero y al pago de la Renta Vitalicia Dignidad, tanto en el plano nacional como en el municipal. A medida que se asignara directamente a las municipalidades y prefecturas el 60 % de los mayores ingresos del Estado por concepto del impuesto directo sobre los hidrocarburos, habría que alentar a estos gobiernos regionales a que destinaran tales fondos a prioridades de los programas antes citados. Como parte de la política nacional del Gobierno habría que supervisar la realización progresiva del derecho a la alimentación. Los indicadores deberían incluir no sólo estadísticas sobre malnutrición sino también sobre subnutrición, pobreza y desigualdad.
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