Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Página 914

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Daniel Villafuerte Solís, María del Carmen García Aguilar
reactivará y ampliará el llamado programa 287 (g), que permite al gobierno
establecer acuerdos con policías estatales y municipales para que ejerzan
funciones como agentes federales del servicio de migración. Cuatro días
después, la información de estos memorandos fue ratificada por el presiden­
te Trump.
El 1 de julio de 2017, la Cámara de Representantes aprobó dos iniciativas
antiinmigrantes: la Ley de “Cero santuario a los criminales” (HR 3003) 7 y
la llamada Ley Kate (HR 3004), 8 que ya había sido rechazada por la admi-
nistración de Obama en 2016. 9 Ambas son complementarias con un mismo
propósito: la primera busca eliminar fondos a las llamadas “ciudades santua­
rio” que no cumplan órdenes de detención federales o no cooperen con el
Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); y la se-
gunda, su propósito es endurecer las penas a los migrantes deportados que
reingresen al país. Las ciudades de Los Ángeles y San Francisco han formu-
lado demandas en contra de la Ley de los Santuarios.
También ha comenzado el desmantelamiento 10 de algunas iniciativas
implementadas por el gobierno de Obama a raíz de la crisis de 2014, entre
otras, el Programa para Menores Centroamericanos (Central American Mi­
nors Program), que permitía obtener un permiso temporal a los centroame-
ricanos que cumplieran ciertos requisitos y eventualmente otorgar el
estatus de refugiado, incluso para los padres bajo la protección del progra-
ma de Estatus de Protección Temporal (TPS), que podían traer a sus hijos a
Estados Unidos.
El gobierno de Trump está estudiando suspender el Programa de Protec-
ción Temporal (TPS), 11 y a nivel de iniciativas locales encontramos la apro-
Aprobada por 228 votos a favor y 195 en contra.
Esta ley determina que los deportados que reingresen a Estados Unidos y sean capturados
deben cumplir dos años de cárcel, pena que puede aumentar si la persona tiene una historia
criminal, con lo que la pena puede llegar hasta 25 años. Su nombre se deriva de la ciudadana
Kate Steinle, muerta en 2015 por disparos realizados por Francisco Sánchez (Valencia, 2017),
que había sido deportado y en las sucesivas detenciones acumuló 15 años de prisión, es un caso
polémico, con muchas interrogantes (Wilkinson, 2017).
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Ahora obtuvo 257 a favor y 167 en contra.
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Primero canceló el programa de libertad condicional a partir del 16 de agosto de 2017,
mecanismo mediante el cual los migrantes que no calificaban como refugiados podían quedar-
se en Estados Unidos de manera temporal; luego, a partir del 9 de noviembre de este año no
aceptan nuevas solicitudes al programa de refugio para menores centroamericanos.
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El canciller Salvadoreño, Hugo Martínez, refirió que iniciará un proceso de solicitud de
extensión del TPS. Ahora por las circunstancias lo hará de manera escrita, y es que con anteriori­
dad se había reunido con John Kelly, cuando fue secretario de Seguridad Nacional, quien había
solicitado información, en este sentido, Martínez señala: “En la reunión anterior quedamos que
era importante que aportáramos datos sobre la contribución que los salvadoreños hacen a la
economía de Estado Unidos; hemos analizado varios estudios que nos dicen, por ejemplo, que
más del 88% de los salvadoreños acogidos al TPS tienen un empleo acá en los Estados Unidos,
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