Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 864
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José Ascención Moreno Mena, Lya Margarita Niño Contreras
tista Scalabrinni en Tamaulipas y Albergue de la Diócesis de San Cristóbal
de las Casas en Chiapas.
A lo anterior, también se sumó el acoso constante contra Fray Tomás
González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos del Usuma-
cinta y La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabas-
co. Asimismo, tres centros y su personal tuvieron medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Albergue Hermanos en
el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Belén, Posada del Migrante en Saltillo, Coa
huila; y Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ante este clima de inseguridad, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) también recomendó medidas cautelares de protección
a trece centros, entre quienes se encontraban los tres arriba mencionados,
así como Casa del Peregrino, Frontera Digna en Piedras Negras, Coahuila;
Casa de la Calidad Cristiana en San Luis Potosí, y Albergue San Juan Diego,
Lechería, en el Estado de México. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de la
Dimensión de Pastoral Movilidad Humana, la religiosa Leticia Gutiérrez
Valderrama, denunció también los constantes ataques de que eran víctimas
los agentes de pastoral migratoria (Jóvenes Sin Fronteras, 2011).
El secuestro y asesinato de los 72 migrantes en el municipio de San Fer-
nando, Tamaulipas, en agosto del 2010, evidenció en la opinión pública
internacional, el problema de violencia extrema que el gobierno mexicano
no reconocía. Todos los cuestionamientos, críticas y condenas a la política de
seguridad de organizaciones civiles, grupos humanitarios y académicos se
vieron reflejados en ese dramático hecho conocido fuera de México como
“La masacre de Tamaulipas”. Ante esta lamentable situación, la reacción
internacional fue contundente al demandar que el gobierno mexicano to-
mara cartas en el asunto. La matanza evidenció la falta de protección del
gobierno mexicano hacia la población migrante indocumentada que tran-
sita hacia Estados Unidos; también la necesidad de una política migratoria
integral de Estado, de ahí el apresuramiento para la creación de un marco
jurídico acorde con las nuevas situaciones.
Los secuestros de migrantes continuaron hasta convertirse en una in-
dustria lucrativa. Desde la perspectiva de las organizaciones civiles, los se
cuestros representaban la evidencia más tangible de la debilidad y las
fisuras de la estrategia de seguridad, puesto que ahí se evidenciaba el con-
tubernio entre autoridades y crimen organizado; la corrupción de los dis-
tintos mandos policiacos y autoridades migratorias, la omisión del Estado
por proteger la seguridad humana, la infiltración del crimen en los man-
dos policiacos y la impunidad por el escaso castigo a los plagiarios, y el re
sarcimiento del daño para las víctimas. Solamente en el lapso de un año, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Informe Especial sobre