Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 617

Migración, remesas y desarrollo regional 617 rio la frontera en ambos sentidos. Tales medidas incluían la posibilidad de imponer tarifas al comercio México-Estados Unidos, ya que “Trump está convencido que los pactos comerciales entre los dos países han beneficiado injustamente a México y han lesionado los intereses de los trabajadores en los Estados Unidos” (Cuevas, 2017). 5 En el Instituto Cato, Alex Nowrasteh dijo a BBC Mundo (2017) que ya existe un impuesto a las remesas en Oklaho­ ma, que después se reintegra a los inmigrantes legales; extrapolando a todo Estados Unidos las cifras de lo que obtiene dicho estado por este concep- to, se recaudarían apenas 1 600 millones de dólares al año, menos del 10% de lo estimado para construir el muro, y si Trump aumenta demasiado el impuesto a las remesas, se enviarían por canales informales. Las remesas ascendieron en 2015 a 24 785 millones de dólares —canti­ dad superior a la que recibe México por concepto de exportaciones petro­ leras—, y tuvo un incremento sustancial en 2016 —sumaron 26 970 millones de dólares—, tal vez por temor a las posibles políticas del gobierno de Trump. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República emitió una “Nota de coyuntura” el 3 de marzo de 2017 con el tema de los contenidos de la política de deportaciones del presidente Trump. Con base en ella, en los párrafos que siguen se reseña algunos nuevos aspec­ tos de dichos memorandos. Dice en sus antecedentes que Estados Unidos vinculó en 2001 el fenómeno migratorio a su seguridad nacional; con la Ley Patriota, creó el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). En 2002 endureció sus políticas de contención y control de la mi­ gración. En 2005, con la Operación Streamline, aplicó una política de cero tolerancia a los inmigrantes no autorizados, y con la Ley sobre Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Migración Ilegal (Sensenbren­ ner) empezó a criminalizarlos. Entre otras medidas, aumentó el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta alcanzar los 20 mil agentes en 2009. El programa Comunidades Seguras pasó de iden­ tificar a 95 664 inmigrantes con antecedentes criminales en 2009 a 436 377 en 2012. John F. Kelly, secretario del DHS, publicó el 20 de febrero de 2017 dichos memorandos con las órdenes ejecutivas “Incrementar la seguridad pública dentro de Estados Unidos” y “Seguridad fronteriza y mejoras a la implemen­ tación de la legislación migratoria”, firmadas por Trump el 25 de enero para ponerlas en práctica. Kelly ordenaba contratar cinco mil nuevos agentes pa­ ra la Patrulla Fronteriza y más diez mil para el Servicio de Inmigración y Con­ trol de Aduanas de Estados Unidos (ice, por sus siglas en inglés). Además, 5 Véase .