Marejadas Rurales y Luchas por la vida VAIVENES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD RURAL | 页面 97
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ROCÍO ESTHELA URÍAS URÍAS
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MARÍA DE JESÚS MESTIZA ROJA
Reproducción de la economía campesina del norte de Sinaloa ante las políticas agrícolas
Anteriormente y de acuerdo con el VI Censo Agropecuario, durante el año
1991 las Unidades de Producción Rural (UPR) disponían de 16.9% y 4.3%
de crédito y de seguro agrícola respectivamente. Actualmente, el presupuesto
otorgado es de 2.6% y 0.2% para los mismos rubros respectivamente (INEGI,
2007). En 1985 Banrural financiaba alrededor de 7 millones de hectáreas.
Para 1994, la superficie financiada pasó a 1.13 millones de hectáreas (ibid).
La falta de financiamiento en la economía campesina ha provocado un
crecimiento acelerado de tierras ociosas y de rentismo. Así lo demuestran
las tareas de monitoreo de SAGARPA. De los predios identificados con
inconsistencias de “no siembra”, el 52% corresponde a los productores de
autoconsumo (SAGARPA, 2016).
El gasto público para el fomento productivo en áreas rurales deja mucho
que desear. Pese a que el presupuesto creció 180% del periodo 2003 al 2015,
la medición de la pobreza no reporta mejoría, sólo el 4% (CONEVAL, 2014).
Por otro lado, la producción de alimentos ha perdido gran terreno frente a las
importaciones, y la tasa media de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) primario ha sido sólo de 1.9%, en tanto en la década del 70 era del 6%
(INEGI, 2015). Existe un estancamiento en la producción y rentabilidad de
la economía campesina.
No obstante, en 80 años, el crecimiento de las Unidades de Producción
Rural ha sido del 708.7%. De los 4 millones 69 mil 938 UPR con actividad
agropecuaria o forestal, 67.8% son menores o iguales a cinco hectáreas
(INEGI, 2007). Confirmando la teoría de los campesinistas, en lugar de haber
disminuido por el efecto que han tenido el cambio en las políticas agropecuarias,
éstas se han multiplicado. Sin embargo, el incremento de las UP no se ha
complementado con apoyos de fomento productivo, más bien, su permanencia
se ha sustentado en una política asistencialista. La poca complementariedad,
la débil política dirigida al campo y el sesgo asistencialista presentado en las
últimas dos décadas, profundiza la desigualdad, concentración de recursos, y
disminuye el acceso de los productores a los programas de fomento productivo.
Además, desde el 2007, al escenario agrícola se ha adherido la participación
del capital especulativo quien juega entre alzas inusitadas y fuertes caídas con
los precios de los cultivos alimenticios. El funcionamiento del capital responde
totalmente a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Por ello no resultó
extraña la migración del capital financiero del sector inmobiliario al sector
agroalimentario, ni mucho menos el énfasis puesto en el uso de granos para
la producción de biocombustibles (Rubio, 2014; Holt y Patel, 2010).