Marejadas Rurales y Luchas por la vida VAIVENES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD RURAL | Page 32
EFFABIEL MIRANDA CARRASCO
Exclusión, Modernidad y Políticas Públicas
4. Políticas públicas, pobreza y exclusión. Algunas notas e ideas
preliminares
Para guiar este apartado, buscaremos responder a las preguntas: ¿Hay pobreza
de razón en el modelo neoliberal de las políticas públicas que buscan atender
la pobreza multidimensional?; ¿está esto referido a la sobreexplotación de
la naturaleza, el trabajador y el riesgo de extinción de la especie humana?
Estas cuestiones serán tratadas desde una perspectiva amplia, que implica la
integración de factores no económicos y que nos permitirán conocer el grado
de exclusión que permea en el modelo global mercantil a través de las políticas
dirigidas a la erradicación de la pobreza.
En primer término, es importante determinar en qué grado “los gobiernos
neoliberales de América Latina [y en particular de México] se han empeñado
en realizar las modificaciones constitucionales que ratifiquen lo que en la
práctica se ha ido imponiendo: limitar los derechos sociales y borrar o diluir
lo más posible la responsabilidad social del Estado” (Vázquez, E.; 2012: 72)
y cómo, éstas adecuaciones normativas han impactado directamente en la
reducción de la pobreza a nivel nacional y en el nulo reconocimiento de los
derechos sociales de la población excluida.
Son claros los síntomas que nos permiten observar una desestatalización
de las funciones públicas: en la educación, la salud, el desmantelamiento
de empresas para estatales y la privatización de la banca. Hablamos de un
otorgamiento del Estado hacia la inversión privada en estos y otros ámbitos de
la vida pública; de la cesión de obligaciones estatales al sector privado, dadas
las diversas reformas constitucionales para la privatización de estos sectores.
Es necesario subrayar que “la construcción de alternativas a la política
social neoliberal requiere que el reconocimiento de los derechos sociales se
articule con la convicción de que su cumplimiento es una responsabilidad
colectiva realizable sólo a través de la acción pública” (Vázquez, E.; 2012:
78), por lo que el análisis en torno a la dirección que tiene el Estado sobre las
políticas públicas enfocadas a la reducción de la pobreza retoman una alta
trascendencia para el reconocimiento de dichos derechos sociales, aunque
también para los económicos, políticos e incluso los ambientales.
Por un lado, vemos que las políticas públicas, son concebidas como un
mandato desarrollado desde la esfera gubernamental; lejos de ser consensuadas
con la población a la que se dirigen (Valdés; 2016: 46). Podríamos hablar
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