Marejadas Rurales y Luchas por la vida VAIVENES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD RURAL | Page 202
JUAN PATRICIO CASTRO IBÁÑEZ
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RENÉ ALEJANDRO IBARRA
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FRANCO FERNANDO LÓPEZ ALCOCER
El extensionismo como estrategia transdisciplinaria ante los procesos de metropolización
el ejidatario se convirtió de usufructuario en propietario de la parcela ejidal,
la tierra dejo de ser un dominio público para transmutar a una mercancía más
en la lógica de oferta-demanda. José Luis Calva (1993), a esta reforma agraria
la calificó como una “reforma de corte neoliberal”. Gracias a las reformas
salinistas, la tierra ejidal entra a un régimen de libre mercado, lo que implicó
la creación de condiciones favorables a la especulación sobre dichas tierras
ejidales, situación impensable antes de la aplicación de la reforma, cuando las
parcelas ejidales contaban con los atributos de inembargables e inalienables,
hecho que las sustraía de la lógica del mercado.
La reforma agraria posibilitó la desincorporación de extensiones agrícolas
cercanas a las ciudades, también facilitó modificar el uso de suelo destinándolo
a actividades más rentables como el establecimiento de parques industriales
o fraccionamientos, lo que colateralmente incrementó la mancha urbana.
En general esta reforma viabilizó el tránsito de la propiedad social hacia
la propiedad privada, como una iniciativa del Estado Mexicano a partir del
impulso a reformas estructurales. Todo ello dejaba allanado el camino a los
dueños de gran capital con el fin de operar libremente el mercado con la
mínima intervención del Estado, lo que implicó un proceso de desregulación
económica:
El ejido mexicano de hoy en día constituye un régimen de propiedad cuyos
rasgos lo hacen diferir de su anterior modelo… Bajo esta nueva modalidad
–Reforma Neoliberal- los ejidatarios están actualmente en las más completa
libertad de hacer con sus tierras lo que mejor les plazca, desde venderlas
todo o en parte, rentarlas, ofrecerlas en garantía, aportarlas al capital social
de las sociedades civiles o mercantiles: en fin, todo lo que puede hacer
un propietario privado con los bienes inmuebles de su pertenencia, con la
aclaración de que para ciertos actos jurídicos los ejidos tienen que cumplir
con algunos requisitos o trámites de forma que nada obstruyen o limitan el
libre y efectivo ejercicio de su derecho de dominio…
Dentro de las nuevas características jurídicas, la más trascendental de todas
fue, sin duda, el derecho con que cuentan los ejidos de disponer libremente
el destino de sus tierras; es decir, de ejercer su dominio, facultad de la que
antes carecían las asambleas ejidales y que automáticamente las convierte
en titulares de una propiedad privada.
Dicho dominio se refleja en la facultad de los ejidos de transmitir el uso y
usufructo de las tierras (LA, art. 45), de aportarlas al capital social (LA, art.
75), de ofrecerlas en garantía (LA, art. 46) de convertirlas al dominio pleno
(LA, art. 23, frac. IX), de acordar la terminación del régimen ejidal (LA, art.
23, frac. XII), etcétera, todo lo cual habla de un modelo de propiedad más
cercano a la propiedad privada que a la social (Pérez y Mackinlay, 2015: 56-57).
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