Marejadas Rurales y Luchas por la vida VAIVENES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD RURAL | Page 175

152 ACELA MONTES DE OCA HERNÁNDEZ Valoración productiva de los recursos hídricos en comunidades agrarias de Almoloya de Juárez en el cambio de uso de suelo, específicamente de comunidades agrarias, donde paulatinamente se abandona la función productiva de la tierra cuando los campesinos son sorprendidos por capital nacional o extranjero que los desagrega totalmente de su función productiva y los convierte en asalariados. Conviene destacar, por ejemplo, la historia de los grupos que han vivido en comunidad, donde es meritoria la búsqueda afanosa del crecimiento económico, a la par que buscan proteger y continuar con la defensa de sus territorios. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados anuncio que la propiedad ejidal y comunal actualmente ocupa una superficie de 105 millones de hectáreas (has), equivalente al 52 por ciento de la nacional. Sin embargo, también destaca que hay poca información sobre las características y actividades productivas en los ejidos y comunidades. Del lado académico, también existen investigaciones que han puntualizado en comprender la relación que tienen las comunidades agrarias con el uso y manejo del agua. Los estudios de Peña (2004) señalan que la población originaria de México, asentada usualmente en núcleos agrarios, se ha visto desfavorecida con la política de centralización, pues, en pro de la construcción de grandes obras hidroeléctricas se ha desprovisto de recursos esenciales e históricos de manejos comunales. Por su parte, Aboites (2009) incluye a los términos oficiales de agua federal, municipal, estatal, agrícola e industrial, el término aguas pueblerinas para marcar los limites administrativos de un territorio socio hídrico. La diversidad cultural que presenta la población de México obliga a matizar las innumerables prácticas de aprovechamiento de agua en territorios donde el agua adquiere un valor mayormente sociocultural que económico (Ávila, 1996, 2003, 2007; Palerm, 2005; Murillo, 2008; Villagómez, 2008). En otros casos, específicamente para la población originaria de los yaquis, los derechos reconocidos en 1940 se alteraron al finalizar el siglo XX por el crecimiento poblacional no yaqui que afectó irremediablemente su acceso, hasta el punto de presentar estos territorios un fenómeno de escasez recurrente, obligando a la población originaria al uso marginal de agua de lluvia, pese a tener una de las más grandes obras de infraestructura hidráulica (Huarte, 1976; Lerma 2014). Ha sido en el marco de estas obras técnicas hidráulicas que las labores agrícolas, pesqueras, de recolección, ganaderas y forestales son consideradas actividades económicas, visualizando el costo-beneficio de su uso sin considerar