Marejadas Rurales y Luchas por la vida PERMANENCIAS, RESISTENCIAS Y LUCHAS POR LA VIDA | Page 233
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JAVIER LUGO
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DANIELA CARRASCO
El proceso de lucha anti minería en Capulálpam de Méndez, Oaxaca
el sector en términos cualitativos y cuantitativos. Machado (2011:161), por
ejemplo, registra que mientras en el mundo hubo un crecimiento de 90% a
nivel mundial con relación a la inversión en minería, en América Latina el
incremento fue de 400%, siendo México uno de los principales destinos de
dichas inversiones.
En el caso mexicano, este exuberante cambio está estrechamente relacionado
a una serie de reformas estructurales que se habían venido fraguando desde el
último tercio del siglo XX con miras a integrar la economía nacional al modelo
neoliberal. En opinión de Rappo et al. (2014: 224), se trata de “una nueva
expansión minera asociada a los procesos de liberalización y apertura que
desde los ochenta inauguró una nueva modalidad de acumulación de capital”.
A decir de Tetreault (2014: 105-106), las reformas liberales en el sector
minero mexicano se aplicaron en tres etapas: la primera durante el sexenio
de Miguel de la Madrid (1982-1988) cuando el gobierno federal implementó
diversos incentivos fiscales a la inversión privada; la segunda, durante la
primera mitad del sexenio de Carlos Salinas (1986-1994), quien generó una
ola de privatizaciones de las empresas mineras nacionales; y la tercera, a partir
de 1992 con diversas reformas legislativas que beneficiaban a las compañías
mineras extranjeras.
Como han señalado diversos autores (Burnes, 2006: 251-256; Delgado,
2010: 22-23) esta última etapa resulta importante, ya que las reformas
legislativas han implicado que las empresas gocen de un margen de maniobra
excepcional para realizar explotaciones minerales bajo modelos de alta
productividad y riesgo ambiental. De las reformas destacan las realizadas al
artículo 27 constitucional en 1992, que hicieron posible la venta, la renta y la
adquisición de dominio pleno de tierras de propiedad social; y las referidas a
la Ley Minera de 1993, que brindaron prioridad a la actividad minera sobre
cualquier otra forma de uso del suelo.
Este es el contexto en el que las empresas mineras, particularmente de
capital extranjero, han venido implementando sus proyectos de explotación
en distintos puntos del país, lo que de acuerdo con Rappo et al. (2014: 29)
al mismo tiempo que es evidente un despunte de la minería, también lo es
la emergencia de nuevos conflictos territoriales. Dichos conflictos atienden
a un contexto en el que las políticas públicas nacionales, relacionadas con el
aprovechamiento de recursos naturales, están cada vez más orientadas a un
proyecto de “desarrollo” centrado en la promoción de inversiones extranjeras
bajo el paradigma del neoextractivismo.