Marejadas Rurales y Luchas por la vida PERMANENCIAS, RESISTENCIAS Y LUCHAS POR LA VIDA | Page 233

198 JAVIER LUGO l DANIELA CARRASCO El proceso de lucha anti minería en Capulálpam de Méndez, Oaxaca el sector en términos cualitativos y cuantitativos. Machado (2011:161), por ejemplo, registra que mientras en el mundo hubo un crecimiento de 90% a nivel mundial con relación a la inversión en minería, en América Latina el incremento fue de 400%, siendo México uno de los principales destinos de dichas inversiones. En el caso mexicano, este exuberante cambio está estrechamente relacionado a una serie de reformas estructurales que se habían venido fraguando desde el último tercio del siglo XX con miras a integrar la economía nacional al modelo neoliberal. En opinión de Rappo et al. (2014: 224), se trata de “una nueva expansión minera asociada a los procesos de liberalización y apertura que desde los ochenta inauguró una nueva modalidad de acumulación de capital”. A decir de Tetreault (2014: 105-106), las reformas liberales en el sector minero mexicano se aplicaron en tres etapas: la primera durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) cuando el gobierno federal implementó diversos incentivos fiscales a la inversión privada; la segunda, durante la primera mitad del sexenio de Carlos Salinas (1986-1994), quien generó una ola de privatizaciones de las empresas mineras nacionales; y la tercera, a partir de 1992 con diversas reformas legislativas que beneficiaban a las compañías mineras extranjeras. Como han señalado diversos autores (Burnes, 2006: 251-256; Delgado, 2010: 22-23) esta última etapa resulta importante, ya que las reformas legislativas han implicado que las empresas gocen de un margen de maniobra excepcional para realizar explotaciones minerales bajo modelos de alta productividad y riesgo ambiental. De las reformas destacan las realizadas al artículo 27 constitucional en 1992, que hicieron posible la venta, la renta y la adquisición de dominio pleno de tierras de propiedad social; y las referidas a la Ley Minera de 1993, que brindaron prioridad a la actividad minera sobre cualquier otra forma de uso del suelo. Este es el contexto en el que las empresas mineras, particularmente de capital extranjero, han venido implementando sus proyectos de explotación en distintos puntos del país, lo que de acuerdo con Rappo et al. (2014: 29) al mismo tiempo que es evidente un despunte de la minería, también lo es la emergencia de nuevos conflictos territoriales. Dichos conflictos atienden a un contexto en el que las políticas públicas nacionales, relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales, están cada vez más orientadas a un proyecto de “desarrollo” centrado en la promoción de inversiones extranjeras bajo el paradigma del neoextractivismo.