Marejadas Rurales y Luchas por la vida PERMANENCIAS, RESISTENCIAS Y LUCHAS POR LA VIDA | 页面 188

VÍCTOR LEONEL JUAN-MARTÍNEZ Resistencia y autonomía indígena. Viejos andares, nuevos caminos derechos individuales o los colectivos al momento de ejercer la autonomía y la representación política. Algunos ponen a prueba a las instituciones comunitarias; otras las rebasan y tienen que dirimirse en instancias externas. Eso se refleja en resoluciones de tribunales electorales y de organismos de derechos humanos; y en controversias internas en las comunidades, al ejercer, o pretender hacerlo, alguna acción que la colectividad no permite o la impone. Y es que, pese a que hay un reconocimiento a los derechos indígenas, el marco constitucional tiene una impronta individualista y, por su parte, los pueblos indígenas aun cuando reconocen los derechos particulares de sus miembros, los subordinan a los de la comunidad (Juan-Martínez, 2016). En un importante número de municipios y comunidades en América Latina, los gobiernos locales se eligen de acuerdo a una organización política social construida con principios, normas, instituciones y procedimientos que tienen una concepción cultural y política diferente a la occidental: “usos y costumbres” (UyC), o “sistemas normativos internos o indígenas” (SNI). En México, un ejemplo de la concreción de este derecho se ha dado por vía de la legislación estatal en Oaxaca. En las últimas décadas diversos procesos sociales y políticos inciden en los procesos de reconfiguración organizativa de los pueblos indígenas, que generan tensiones al entrar en choque concepciones culturales distintas. Procesos como la migración, el tránsito rural-urbano, el cambio en actividades productivas y económicas, la tensión intergeneracional, modificaciones en la tenencia de la tierra, la presencia de empresas trasnacionales para explotación de recursos naturales y la defensa del territorio, la descentralización de recursos gubernamentales, búsqueda de nuevas formas de representación política, la lucha por la igualdad de género, entre otros, generan tensiones que, en algunos casos, hacen crisis y modifican las formas de adquisición y ejercicio de la ciudadanía. En la realidad se aprecia una amplia gama de matices que adquiere este dilema. Un problema es que, si bien el marco constitucional reconoce el derecho a la diferencia, desde las instituciones se desconocen o estigmatizan las prácticas distintas que la hacen posible, se niega el derecho a la distintividad (Iturralde, 2006). Por el contrario, cuando, desde uno y otro lado, se establece un diálogo intercultural (De Sousa, 2009), permite comprender los contextos y situaciones en que se confrontan esos derechos y es posible entablar mejores soluciones y puntos de encuentro. La incidencia de estos procesos, así como de las resoluciones jurisdiccionales y los instrumentos para el ejercicio de derechos, tienen una respuesta desde las comunidades, en la reconstitución o modificación de sus SNI, sus esquemas 153