Marejadas Rurales y Luchas por la vida PERMANENCIAS, RESISTENCIAS Y LUCHAS POR LA VIDA | 页面 188
VÍCTOR LEONEL JUAN-MARTÍNEZ
Resistencia y autonomía indígena. Viejos andares, nuevos caminos
derechos individuales o los colectivos al momento de ejercer la autonomía
y la representación política. Algunos ponen a prueba a las instituciones
comunitarias; otras las rebasan y tienen que dirimirse en instancias externas.
Eso se refleja en resoluciones de tribunales electorales y de organismos de
derechos humanos; y en controversias internas en las comunidades, al ejercer,
o pretender hacerlo, alguna acción que la colectividad no permite o la impone.
Y es que, pese a que hay un reconocimiento a los derechos indígenas, el marco
constitucional tiene una impronta individualista y, por su parte, los pueblos
indígenas aun cuando reconocen los derechos particulares de sus miembros,
los subordinan a los de la comunidad (Juan-Martínez, 2016).
En un importante número de municipios y comunidades en América
Latina, los gobiernos locales se eligen de acuerdo a una organización política
social construida con principios, normas, instituciones y procedimientos que
tienen una concepción cultural y política diferente a la occidental: “usos y
costumbres” (UyC), o “sistemas normativos internos o indígenas” (SNI). En
México, un ejemplo de la concreción de este derecho se ha dado por vía de
la legislación estatal en Oaxaca.
En las últimas décadas diversos procesos sociales y políticos inciden
en los procesos de reconfiguración organizativa de los pueblos indígenas,
que generan tensiones al entrar en choque concepciones culturales distintas.
Procesos como la migración, el tránsito rural-urbano, el cambio en actividades
productivas y económicas, la tensión intergeneracional, modificaciones en la
tenencia de la tierra, la presencia de empresas trasnacionales para explotación
de recursos naturales y la defensa del territorio, la descentralización de recursos
gubernamentales, búsqueda de nuevas formas de representación política, la
lucha por la igualdad de género, entre otros, generan tensiones que, en algunos
casos, hacen crisis y modifican las formas de adquisición y ejercicio de la
ciudadanía. En la realidad se aprecia una amplia gama de matices que adquiere
este dilema. Un problema es que, si bien el marco constitucional reconoce el
derecho a la diferencia, desde las instituciones se desconocen o estigmatizan
las prácticas distintas que la hacen posible, se niega el derecho a la distintividad
(Iturralde, 2006). Por el contrario, cuando, desde uno y otro lado, se establece
un diálogo intercultural (De Sousa, 2009), permite comprender los contextos y
situaciones en que se confrontan esos derechos y es posible entablar mejores
soluciones y puntos de encuentro.
La incidencia de estos procesos, así como de las resoluciones jurisdiccionales
y los instrumentos para el ejercicio de derechos, tienen una respuesta desde las
comunidades, en la reconstitución o modificación de sus SNI, sus esquemas
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