Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 323

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ÓSCAR EFRÉN MARÍN ENRÍQUEZ
Derecho Fundamental al agua en el derrame del Río Sonora
2.1 Marco normativo aplicable al problema
Las múltiples consecuencias que trae consigo el derrame del Río Sonora
pueden encontrarse ligadas a diversas áreas del derecho; en este apartado se
expondrán las más relevantes en materia del derecho humano al agua y a un
medio ambiente sano.
Existen dos cúspides en la jerarquización legal en México: los tratados
internacionales ratificados por este país y la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Aunque no existe legislación que se encuentre por
encima de ellas, podemos encontrar leyes secundarias, reglamentos y normas
que aplican con relación al problema.
Por otro lado, México se encuentra adscrito a organismos internacionales
como lo son la Organización de las Naciones Unidas y la Organización
de Estados Americanos, lo cual implica que las resoluciones emitidas por
dichos organismos deben ser acatadas en su totalidad. Como ejemplo de estas
resoluciones se pueden encontrar las siguientes:
La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) es
promulgada por la Organización de las Naciones Unidas después de la segunda
guerra mundial, esta resolución –que tiene por denominación 217 A III–
establece que toda persona sin excepción debe tener derecho a un nivel digno
de vida, para esto se debe de contar con acceso a la salud, asistencia médica,
alimentación y servicios sociales.
Asimismo, La Asamblea General de la ONU, en su resolución 1803 XVII,
dicta que las naciones tienen soberanía permanente sobre sus recursos naturales,
y su explotación debe ejercerse en relación con el desarrollo y bienestar de sus
ciudadanos. Dicha disposición de tales recursos ya sea por empresas públicas
o privadas debe encontrarse sujeta a la normatividad establecida por el país
anfitrión (ONU, 1962). Con esto, se puede inferir que es obligación de los
países regular y hacer valer dicha regulación al momento de llevarse a cabo
la explotación de los recursos naturales.
El Protocolo de San Salvador, publicado como adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en su artículo 14, hace constatar que todas las personas
tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios
públicos básicos, siendo los Estados los promoventes de la protección,
preservación y mejoramiento del medio ambiente (OEA, 1988).