Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 313

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ELENA RAMOS CRUZ
El Río Magdalena, San Ángel, Distrito Federal. Conflictos por el uso y reglamentación
encontraba antes de las correspondientes a La Magdalena y San Gerónimo,
perjudicándolos y dando lugar a quejas frecuentes de los pueblos. En el mismo
año, los vecinos del pueblo de San Ángel manifestaban que sus huertas estaban
a punto de arruinarse, lo mismo que los jardines de la población de Tlacopac,
por el robo de agua que cometían las fábricas que estaban situadas arriba de
San Ángel principalmente la fábrica de tejidos de Santa Teresa y señalaban:
Industrias de esta naturaleza son nocivas, sobre todo si su raquítica
existencia se debe al ataque continuo y reiterado al derecho ajeno… tal
vez, sería conveniente retirarles la respectiva licencia de que tan mal uso
hacen… se persiga a los autores de los abusos señalados con todo el rigor
de las leyes vigentes (Ibid).
Sin embargo, los abusos continuaban aún con el Reglamento sobre el uso de
las aguas del río de la Magdalena que estaba vigente. Los empresarios, Robert
y Cía., Donnadieu Vayan y Cía., La Abeja S.A. y Alberto Lenz, propietarios
de las fábricas La Hormiga, La Magdalena, El Águila, Santa Teresa y Loreto,
exponían que se debía reformar dicho reglamento para hacer uso del agua en
sus actividades industriales ante lo cual la Secretaría de Fomento convocó
a una reunión para formar los “Estatutos de la Junta de Vigilancia del río
de la Magdalena, en el Distrito Federal”, aunque sin la participación de los
representantes de los pueblos.
Todavía, en el año de 1912, el pueblo de San Ángel seguía sufriendo la
escasez de agua, culpaba a las fábricas por no respetar las concesiones que se
les otorgaron, además de almacenar el agua que al pueblo le pertenecía “para
emplearla en mayores energías que les imprimen a sus máquinas… después de
servirse de ella no la dejan tomar el curso establecido, y le dan una orientación
semi circular y que va a dar a otros rumbos.” Además, los pobladores señalaban
que el agua les llegaba envenenada por los químicos que utilizaban las fábricas
y no podían utilizarla para irrigar sus plantas, ni para servicio doméstico. Su
malestar estaba dirigido hacia la Junta de Vigilancia de Aguas por no ejercer
su autoridad en bien del pueblo, la cual estaba compuesta por “sedimentos
de aquella dictadura”. Los pobladores señalaban que estaban dispuestos a
defender sus derechos, amparados con los títulos que acreditaban la propiedad
del agua y que emplearían los medios que la ley ponía a su alcance (AHA,
AS. c. 571: exp.8311).
Estos casos muestran los diferentes usos que le daban al agua: las fábricas
para un uso industrial y los pueblos para sus actividades tradicionales como
regar sus sembradíos y para uso doméstico. Las quejas de los pueblos contra
las fábricas fueron constantes por la contaminación de las aguas, por los abusos