Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 306

ELENA RAMOS CRUZ
El Río Magdalena, San Ángel, Distrito Federal. Conflictos por el uso y reglamentación
trataba de dirimir los conflictos por la dotación de agua estableciendo acuerdos
entre los involucrados, por ejemplo, en 1866, Rafael Ramiro dueño de la
hacienda de Guadalupe y el pueblo de Tlacopac se acusaban mutuamente de
robarse el agua, las autoridades locales les convinieron respetar el reparto de
agua realizado por el Oidor Ladrón de Guevara.
En el mismo año, se estableció el acuerdo entre los pueblos de la
Magdalena y San Bernabé para subsanar las diferencias por el derecho de
uso de las vertientes de agua que se encontraban en el monte en el lugar
llamado “Hermitaño[sic] Acuilatitla.” Loreto Becerril, alcalde y vecino del
pueblo de San Ángel, convino con ambos pueblos dividir el agua por medio
de una presa, el cual se realizó a través de un acuerdo de transacción en el que
se comprometían los de San Bernabé a construirla y los de La Magdalena a
tomar solo la tercera parte del agua (AHA, AS, c. 375: exp.7512).
Por otra parte, no hay que olvidar que la desamortización de los bienes de
las corporaciones civiles (ley de 25 de junio de 1856) fue un factor de presión
para los pueblos de la municipalidad de San Ángel pues los hacendados y los
dueños de las fábricas tuvieron condiciones más favorables para allegarse de
los recursos naturales o de los bienes de comunidad de los pueblos.
En el caso de las aguas, sólo las que estaban estancadas y estuvieran en
terrenos que pertenecieran a las corporaciones podían desamortizarse (Aboites,
1998:30). Tal fue el caso de Ángel Sánchez quien formó la sociedad “Ángel
Sánchez y Cía.” y compró varios terrenos por adjudicación que le otorgaba la
ley de desamortización y la circular de 9 de octubre de 1856, en dichos terrenos
se encontraban los manantiales que surtían de agua al río Magdalena. Aunque
no se dispone de fuentes que señalen si hubo otros empresarios o hacendados
que hayan adquirido propiedades para obtener derechos sobre el agua varios
de ellos utilizaron las leyes para controlarla.
1.3 Administración y reparto de las aguas del Río Magdalena después
de la ley del 5 de junio 1888
Como se ha señalado, la administración municipal fue perdiendo atribuciones en
la gestión y reparto del agua, “a partir de 1888, cuando el gobierno federal inició
una paulatina pero consistente estrategia para controlar los aprovechamientos
hidráulicos, desplazando a las autoridades locales y a los grupos involucrados
en la explotación de las aguas” (Aboites (1998: 53). Así, comenzó un nuevo
marco legal que permitió el manejo centralizado de los usos del agua por parte
del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Fomento
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