Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 159

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ALFREDO ÁLVAREZ RAMÍREZ
No a la minería, sí al agua: conformación del Consejo Indígena por la defensa del territorio
por la empresa minera para “convencer” 5 a los comuneros de autorizar el
proyecto. En la misma asamblea se declaró a Zacualpan como “Territorio
libre de minería”.
Estos hechos se asentaron en el Acta de Asamblea con la fe del notario
público Pablo Castañeda de la Mora, adscrito a la Notaría 4 de Colima.
Dicha acta, luego de un litigio bajo el expediente 81/2014, fue aceptada por
el Tribunal Agrario número 38 de Colima representado por el juez Antonio
Luis Betancourt Sánchez. Después de esta resolución, el juez fue destituido
de su cargo.
Así fue como Zacualpan se convirtió en la primera comunidad indígena del
país en ser reconocida por un organismo jurisdiccional como “Territorio libre
de minería”. Esto asentó un precedente importante para la lucha, la resistencia
y la emancipación de otras comunidades de la región (como Canoas, en el
municipio de Manzanillo) amenazadas por los megaproyectos al amparo de
un estado-neoliberal, 6 dando pie a lo que David Harvey llama “acumulación
por desposesión”.
Por ello declarar como “Territorio libre de minería” a la comunidad
indígena de Zacualpan es de doble importancia dada la coyuntura actual en
la que —de acuerdo con la investigadora Violeta Núñez Rodríguez (2015) —
61 millones de hectáreas del territorio nacional de un total de 196.4 millones
de hectáreas, están concesionadas a la minería por un periodo de entre 50 y
100 años, según lo establecido en la Ley Minera. Además, el artículo 6 de la
misma ley establece que a las actividades mineras “se les dará preferencia
sobre cualquier otro uso o explotación de la tierra”, utilizando el concepto
jurídico de utilidad pública.
Con estos antecedentes, que una comunidad agraria indígena rechace
de forma organizada a través del CIDTZ lo que para Occidente representa el
desarrollo, el progreso y la modernidad, significa una luz de esperanza ante el
actual despojo sufrido en el país por parte de la minería en las distintas regiones.
Para tener una idea de la magnitud que abarcan las concesiones en el
estado de Colima, en la figura 1, ubicado más adelante, se muestra delimitación
territorial de la entidad. Mientras en la Figura 2, se encuentra la identificación
de las concesiones que existen de acuerdo con datos del SIAM. Comparando
5
Las y los comuneros relatan que el empresario les ofreció 15 mil pesos en efectivo a cambio
del permiso de explotación de la concesión minera en su territorio.
6
Dicho estado-neoliberal otorga al capital minero transnacional acceso a los recursos minerales
del país a cambio de nada, permitiendo el saqueo de la periferia al centro.