I CURSO VIRTUAL PARA PERIODISTAS // MÓDULO II
desertificación), estableciendo estrategias o planes
nacionales, los cuales son escalados a nivel sub-
nacional con el fin de contar con instrumentos de
planificación y gestión local para responder a los
compromisos establecidos.
La principal dificultad para el escalamiento de los
compromisos y responsabilidades, pasa en prin-
cipio porque la gestión pública ambiental, desde
donde se ven estos temas, es entendida como un
tema de “ambientalistas” y no como un eje clave
para el desarrollo local sostenible, con lo cual y por
lo general se concentran esfuerzos en fiscalización
y regulación, y no en la promoción de incentivos
para la conservación y aprovechamiento (conserva-
ción productiva o generadora de riqueza) de la bio-
diversidad y los servicios ecosistémicos. Lo anterior
se refleja en los montos de inversión pública que
son asignados para cumplir con el rol promotor
del estado en estos temas, lo que incluye no solo la
creación y manejo de áreas protegidas.
Por otro lado, generalmente las dependencias
estatales y sus unidades orgánicas, no tienen una
visión común sobre la promoción del desarrollo
sostenible o de articulación territorial, lo que gene-
ra casi siempre que las áreas de desarrollo econó-
mico de niveles de gobierno local o subnacional no
articulen acciones con las áreas donde se ven los
temas ambientales, y que los diferentes niveles de
gobierno no utilicen instrumentos de planificación
comunes, como por ejemplo los planes de ordena-
miento territorial.
Problemáticas y oportunidades para el cambio
La aplicación del pensamiento económico a la uti-
lización de la biodiversidad y los servicios ecosisté-
micos puede ayudar a los políticos a entender por
qué la prosperidad y la reducción de la pobreza de-
penden del mantenimiento del flujo de beneficios
procedentes de los ecosistemas; y por qué el éxito
de la protección ambiental (o el no degradar) debe
cimentarse en unos buenos principios económicos,
entre los que se incluye un reconocimiento explí-
cito, una asignación eficaz y una distribución justa
de los costos y los beneficios de la conservación,
así como la utilización sostenible de los recursos
naturales.
Los costos reales del agotamiento y de la degrada-
ción del capital natural (suministro de agua, cali-
dad del agua, biomasa forestal, fertilidad del suelo,
tierra vegetal, micro climas inclementes, etc.) solo
se sienten in situ y no quedan registrados ni llaman
la atención de los políticos. Sin embargo, el impac-
to de la pérdida de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en la productividad y el incremento
del riesgo en los sectores agrícolas, ganadero y
forestal es grande, y afecta principalmente a las po-
blaciones más vulnerables, quienes viven y traba-
jan directamente en estos sectores.
Para lograr un desarrollo sostenible se requieren
acciones políticas concretas para la protección de
los recursos hídricos, las prácticas mineras respon-
sables, las estrategias de adaptación al cambio
climático y los mecanismos de generación y uso de
los conocimientos que permitan tomar decisiones
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