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LOS PELIGROS DE LA FRANQUEZA:
Presos políticos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle
Laura Ruíz y Mariana Juárez
S
alir de ese carro significaba haber llegado de-
masiado lejos como para dar un paso atrás. En
medio de una carretera en la que vehículos de
todos tamaños iban y venían, cruzamos a la par de un
grupo de personas que parecían entender la rítmica
para lograr atravesar el segundo obstáculo -el primero,
nuestras propias mentes, claro- del camino. Las nubes
cubrían el cielo y la tarde se perfilaba gris, tal como las
paredes del edificio que se extendía al frente. El penal
de San Miguel se erguía como el primer punto de la
búsqueda.

Los rostros alrededor del edificio, en su
mayoría serios, caminaban en ambas direcciones.
Otros que ya son parte del mobiliario de la insti-
tución, sentados a las orillas, ofrecían diversos servi-
cios: guardar los bolsos, rentar la ropa con los colores
adecuados, o comprar un dulce a la salida de una
visita.

Ya dentro, un olor a soledad inundaba los pa-
sillos, que parecían interminables. “Vamos a servicios
médicos”, contestamos en cada uno de los controles,
para lo que se nos asignó a un interno como guía:
“¿Vienen a ver a don Francisco?” Contestamos que
sí. El hombre sonrió y nos contó que don Francisco
recibía muchas visitas. Más tarde nos enteraríamos de
que ese hecho no era precisamente algo bueno para
un interno.

El último control se encontraba al final de un
angosto pasillo rodeado de espacio abierto. Un oficial
sentado en un escritorio, con la virgen de Guadalupe
a sus espaldas, preguntó nuestra relación con el inter-
no al que visitábamos. Mantuvimos la respuesta corta,
el oficial bromeó y nos dejó pasar.

El final del laberinto señalaba el pequeño
-pequeñísimo, entre ese mar de terreno- edificio de
Servicios Médicos, todo blanco y gris. En la parte de
atrás, sentados en sillas de plástico estaban Francisco
Castillo Montemayor, su esposa y su hijo.
1

Castillo Montemayor fue funcionario durante
el sexenio de Mario Marín. Fungió como Secretar-
io de Medio Ambiente y previo a sus cargos en go
bierno , ya contaba con una larga carrera dedicada a
la conservación del medio ambiente y la educación al
respecto. Al momento de la entrevista, formaba parte
de los más de 300 presos políticos que dejó el sexenio
morenovallista.

Vestido con unos jeans y camisa, bien
arreglado, cortés, con voz firme y con ideas más firmes
aún, nos recibió esa tarde. Se recargaba en su silla y
tenía las manos cruzadas, mientras le explicaba por
qué estábamos ahí. Mientras tanto, era notorio que la
familia miraba, de tanto en tanto, a su alrededor. Las
paredes en la cárcel tienen oídos, y los árboles y las
aves también; más valía ser discretos. En voz baja y a
poca distancia el uno del otro, comenzamos la en-
trevista. “Primero les voy a contar los antecedentes de
esto”, dijo resueltamente el ex-secretario.
Dentro de la legislación, el Preso Político
no existe
“Preso político”: el solo concepto causa discusión.
“Dentro de la legislación el término como tal del
preso político no existe, más bien es un término social
que ciertos grupos utilizan para señalar a las personas
que han detenido a sus líderes”, dijo Alejandro Flores
subdirector de Comunicación Social de la Fiscalía
General del Estado de Puebla (FGEP), acompaña-
do por la directora del mismo departamento, que
se dedicó a asentir después de cada declaración de
su colega. “Todas las personas que han sido detenidas
siempre es mediante un mandato judicial y previo a
ese mandato judicial el ministerio público tiene que
acreditar un delito para que el juez diga ‘si acreditas el
delito, entonces requiero a esta persona’ y mandando
una orden de aprehensión o de presentación”.