LOS PELIGROS DE LA FRANQUEZA REPORTAJE_IMPRESO | Page 17
Cambio de administración: ¿cambio de
postura?
Además de Castillo Montemayor, a la salida del ex-
gobernador, todavía se encontraban presas otras seis
personas consideradas como presos políticos: cinco
integrantes de la Unión Popular de Vendedores Am-
bulantes 28 de octubre, entre ellos su líder, Rubén
Sarabia Simitrio, y dos de sus hijos; e Israel Pacheco,
representante de los burócratas del municipio.
Al respecto del fin del sexenio de Moreno
Valle, Carolina González expresó lo siguiente “hay
negociaciones con algunos presos políticos para que
puedan ir saliendo poco a poco. Sin embargo, se
liberan unos y se aprehenden otros, así es que no
considero que haya ido cambiando su intensidad
represiva”. Agregó que el Comité realizó una rueda
de prensa durante el periodo de campañas, exi-
giendo a los entonces candidatos una postura con
respecto a los presos políticos. “Curiosamente la
única persona que negó la existencia de presos
políticos fue el señor Antonio Gali”, actual gober-
nador y compañero de partido de Rafael Moreno
Valle.
Otro colectivo que exigió lo mismo, fue la
UPVA 28 de octubre. Sin embargo, días después de
su rueda de prensa, se llevaría a cabo la detención de
otro de sus miembros. “Muchos habríamos esperado
que esta secuencia represora por lo menos se frenara,
pero pareciera ser que el mensaje es que la línea va a
ser la misma”, agregó González Barranco.
“Muchos habríamos esperado que
esta secuencia represora por lo
menos se frenara, pero pareciera ser
que el mensaje es que la línea va a
ser la misma”
- Carolina González Barranco, vocera del Comité
por la Liberación de los Presos Políticos y contra la
Represión Social.
El caso avanza
Después de meses de inactividad, en marzo
comenzó a moverse el expediente de Castillo Mon-
temayor. Por fin, pasaron los incidentes y amparos
interpuestos. La familia comentó que les parecía
sospechoso que esto sucediera justo al salir de su
administración Moreno Valle, y lo relacionaron con
el caso de Rubén Sarabia Simitrio, que durante ese
tiempo se encontraba en el hospital y también, en el
proceso de obtener el arraigo domiciliario.
El 22 de marzo en el juicio de amparo indi-
recto 1556/2016, el juzgado federal falló a favor del
ex-funcionario. El juzgado Cuarto de Distrito con-
sideró que el delito por peculado que se le imputaba
no había sido debidamente acreditado y que había
existido una violación de los derechos contenidos en
los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal.
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