LOS PELIGROS DE LA FRANQUEZA REPORTAJE_IMPRESO | Page 17

Cambio de administración: ¿cambio de postura? Además de Castillo Montemayor, a la salida del ex- gobernador, todavía se encontraban presas otras seis personas consideradas como presos políticos: cinco integrantes de la Unión Popular de Vendedores Am- bulantes 28 de octubre, entre ellos su líder, Rubén Sarabia Simitrio, y dos de sus hijos; e Israel Pacheco, representante de los burócratas del municipio. Al respecto del fin del sexenio de Moreno Valle, Carolina González expresó lo siguiente “hay negociaciones con algunos presos políticos para que puedan ir saliendo poco a poco. Sin embargo, se liberan unos y se aprehenden otros, así es que no considero que haya ido cambiando su intensidad represiva”. Agregó que el Comité realizó una rueda de prensa durante el periodo de campañas, exi- giendo a los entonces candidatos una postura con respecto a los presos políticos. “Curiosamente la única persona que negó la existencia de presos políticos fue el señor Antonio Gali”, actual gober- nador y compañero de partido de Rafael Moreno Valle. Otro colectivo que exigió lo mismo, fue la UPVA 28 de octubre. Sin embargo, días después de su rueda de prensa, se llevaría a cabo la detención de otro de sus miembros. “Muchos habríamos esperado que esta secuencia represora por lo menos se frenara, pero pareciera ser que el mensaje es que la línea va a ser la misma”, agregó González Barranco. “Muchos habríamos esperado que esta secuencia represora por lo menos se frenara, pero pareciera ser que el mensaje es que la línea va a ser la misma” - Carolina González Barranco, vocera del Comité por la Liberación de los Presos Políticos y contra la Represión Social. El caso avanza Después de meses de inactividad, en marzo comenzó a moverse el expediente de Castillo Mon- temayor. Por fin, pasaron los incidentes y amparos interpuestos. La familia comentó que les parecía sospechoso que esto sucediera justo al salir de su administración Moreno Valle, y lo relacionaron con el caso de Rubén Sarabia Simitrio, que durante ese tiempo se encontraba en el hospital y también, en el proceso de obtener el arraigo domiciliario. El 22 de marzo en el juicio de amparo indi- recto 1556/2016, el juzgado federal falló a favor del ex-funcionario. El juzgado Cuarto de Distrito con- sideró que el delito por peculado que se le imputaba no había sido debidamente acreditado y que había existido una violación de los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal. 16