Cómo mantener preso a un hombre en tres pasos: política, proceso y miedo.
A pesar de contar con todos los documentos para avalar la palabra del ex-secretario, su proceso continuó y estuvo casi cinco meses en el penal de San Miguel.
En cuanto fueron notificados de los elementos que integraban la averiguación, la familia se dedicó a conseguir abogados y las pruebas pertinentes para absolver al ex funcionario, pero las trabas no tardaron en aparecer.
Una de ellas fue el requerimiento de su acta de nacimiento original. Cuando la familia presentó el acta, la contestación requería que se presentara una nueva acta expedida por el tribunal del lugar de nacimiento del ex-funcionario, lo cual retrasó el proceso al menos un mes. Cuando por fin se presentó dicha acta, la juez determinó que todavía faltaban otros documentos, pues se habían olvidado de mandarlos en el requerimiento.
Los abogados encargados de la defensa en ese entonces le comunicaron a la familia que el caso tenía un perfil político, y que en el juzgado se les había advertido que no se movería hasta que recibieran órdenes de“ más arriba”.
Las trabas no solo fueron procesales, la familia también tuvo problemas para mantener a los abogados. Francisco Castillo hijo comentó que un día simplemente renunciaron, ignoran la razón de esta repentina decisión. Posteriormente, Javier Coello Trejo y Fernando Bravo Senderos tomaron el caso, y son quienes le han dado seguimiento a partir de entonces.
Aún habiendo presentado todas las pruebas y alegatos en tiempo y forma, el caso no mostró avances hasta marzo de 2017, es decir, cuatro meses después de que se le encarcelara.
Tierra fértil para violar derechos
En el 2015, la periodista y ex-servidora pública Maite Azuela describiría a Puebla como“ tierra fértil” para la violación de derechos humanos, refiriéndose al caso Chalchihuapan. Un año y medio después del asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie, hijo de la señora Elia Tamayo Montes, por una de las famosas balas de goma, la Recomendación-clasificada como grave- de la CNDH seguía sin cumplirse.
El caso de Castillo Montemayor, es uno de tantos en el estado: varias personas fueron encarceladas durante la intervención del gobierno en Chalchihuapan, y varias más, lo han sido durante diversas manifestaciones o incidentes relacionados con la defensa de tierras, e incluso estudiantes; además de quienes son actualmente perseguidos políticos.
“ La mayoría es porque las circunstancias los condujeron a esa situación, o eran representantes o se tuvieron que convertir en líderes sociales de manera involuntaria [...] Tenemos amas de casa, personas que sí eran líderes, otros que no lo eran y se fueron convirtiendo, defensores de derechos humanos, es un sinnúmero de personas y de características para cada uno” explicó Carolina González. La libertad de expresión, la defensa de las tierras, y de los derechos en Puebla, se han convertido en causal para ir a la cárcel.
“ Un ejemplo muy emblemático es el de la señora Enedina Rosas Vélez, en donde primero la acusan de que ella se robó dos celulares. Cuando se demuestra que la señora no estuvo en ese lugar, entonces la acusan de ser la autora intelectual del robo de esos dos celulares. Después se demuestra que las dos personas con las que intentan conectar a la señora Enedina en realidad nunca se habían encontrado con ella, entonces le fabrican un nuevo delito.” La señora Enedina era la ex comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, el gasoducto parte de Proyecto Integral Morelos estaba programado para pasar justamente por sus tierras. Después de varios
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