Libro: Estado, pensamiento crítico y políticas públicas LIBRO IIESES 2018 | Page 314

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y el gobierno sólo son entes administradores de lo público y sirvientes de todos.
La reflexión nos lleva a que el derecho a la información y la fiscalización
deben ser vistos como parte fundamental del derecho ciudadano a la
participación política, la cual se funda en la capacidad de organización. En una
sociedad democrática es elemental que los ciudadanos conozcan lo que hace su
gobierno, y para ello se necesita del acceso abierto a la información pública sin
restricción; y a la par que se puedan evaluar las acciones de su gobierno y poder
emitir un juicio razonado y, en su caso, ir hasta la desobediencia civil en casos
de: ineptitud, corrupción e impunidad.
El postulado básico de la rendición de cuentas radica en que los
ciudadanos de a pie cuenten con el acceso información pública acerca del
funcionamiento del gobierno. Los reales mecanismos de transparencia y acceso
a la información permiten elevar la calidad del debate público, al mismo tiempo
incentivan a la ciudadanía a participar en el ámbito político.
Un problema fundamental es el debilitamiento de las instituciones, que se
traduce en corrupción e impunidad. El endeble marco institucional deriva en
rapiña voraz, simulación y enquistamiento de la ineptocracia, cuestiones que se
padecen en todo el ámbito público.
Es menester que frente a los actos violatorios de la ley y la justica social
por parte de los gobernantes, se apliquen sanciones y castigos, para que se
rompa con el círculo vicioso corrupción-impunidad; hay que desarrollar la
capacidad de hacer cumplir el estado de derecho. Así, los problemas políticos,
de educación, económicos y de salud están permeados por el estado de malestar
que se desprende del binomio corrupción-impunidad y que a todos nos afecta y
lacera.
De esta forma, la transparencia, por si sola, no es un incentivo suficiente
para reducir la corrupción si no viene acompañada de un adecuado sistema de
rendición de cuentas, entendida esta no sólo como la obligación de informar,
explicar y justificar las decisiones en el ámbito público, sino sobre todo como la
capacidad de sancionar los actos dolosos o ineptos del servidor público en turno.
En efecto, de nada sirve saber que aquí o allá se cometió corrupción si
éste queda impune, volviéndose la rendición de cuentas un mero acto formal y
publicitario. Empero, si se presenta la no incorporación de la visión ciudadana y
la ausencia del consentimiento activo del ciudadano en las políticas públicas,