CASOS
SERVIDORES
DE LA SALUD
SE NIEGAN A
CUMPLIR LA LEY
Por: Ayelén Arreola
“Está claro que en la mayoría de países de Latinoamérica la
vida de las mujeres tiene poco valor o ninguno”
–Morena Herrera, activista y miembro de la Agrupación por la
Despenalización del Aborto en El Salvador.
Según cálculos del
gobierno federal, en lo que va del
año, las denuncias por abuso
sexual aumentaron un 30.1%
con respecto a 2018; los
ministerios públicos han abierto
22,749 carpetas por delitos
sexuales contra la mujer.
Además, según datos del Comité
de Violencia Sexual de la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, 40% de los casos de
violación sexual son a menores
de 15 años. Entre finales de
2012 y 2017, las instituciones de
salud pública, de un repertorio
de miles de denuncias anuales,
han realizado apenas 137
abortos a víctimas de violación.
En redes sociales se extiende el
movimiento #metoo, en donde
miles de mujeres denuncian
casos de esta índole y gracias al
cual ha habido un repunte en las
denuncias por abuso y acoso
sexual en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública (López, 2019).
Según un estudio del
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), el
embarazo producto de una
violación es una continuidad del
abuso que le dio origen; si fue
contado o fue silenciado, puede
estar rodeado de ocultamiento y
24