procedimiento médico, conlleva algunos riesgos, pero estos son menores
si los comparamos con otros procedimientos a los que una mujer
embarazada puede enfrentar.
Lo ideal sería que los gobiernos regulen sus leyes sobre el aborto de
manera que no conduzca a que las mujeres y las niñas tengan que
realizar abortos inseguros. El altísimo número de abortos, ya sea bajo la
ley o clandestinos, muestra el poco o nulo efecto disuasorio que tiene la
penalización en la decisión de las mujeres. Al mismo tiempo, si lo que se
busca es proteger al producto de la concepción, la penalización no es un
medio efectivo. Su protección puede lograrse mediante políticas públicas
que sean, a la vez, consistentes con los derechos de las mujeres.
En los países cuya legislación se permite el aborto con un modelo de
indicaciones amplias, las complicaciones derivadas de un aborto inseguro
son menores que en los lugares donde el aborto legal está más
restringido. Una gran cantidad de mujeres que tienen derecho a un
aborto legal y seguro no puede acceder a él por el estigma alrededor de la
práctica. Las mujeres de nivel socioeconómico medio y alto acceden a una
atención sanitaria adecuada y segura y, en general, no sufren
complicaciones post-abortos. Las de bajos recursos, en muchos casos
adolescentes, se ven obligadas a exponerse a intervenciones en la
clandestinidad y en condiciones sanitarias precarias.
La penalización solo hace que los abortos sean clandestinos, que se
practiquen en forma insegura y que aumente la mortalidad de las mujeres
pobres y jóvenes. La falta de disposición del Estado a ofrecer este servicio
para el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos reproductivos
viola los derechos de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad
física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad y a estar
libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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