que se tenía que hacer era centralizar el sistema para tener un mejor
control (Aparicio, 2020).
Con la llegada del 2020, López Obrador y sus aliados en las
cámaras legislativas implementaron lo que reemplazaría al Seguro
Popular, el INSABI, donde pretendían otorgar atención médica a 69
millones de personas. ¿Qué cambio? Ya no se necesita estar afiliado
para recibir los servicios de salud y solo hace falta presentar algún
documento de identificación ya sea INE, CURP o acta de nacimiento
en centros de salud regionales, hospitales públicos y unidades
médicas rurales (Ortega, 2020).
No obstante, la centralización del sistema de salud (critican
algunos funcionarios públicos) hace menos eficiente la gestión del
INSABI al incrementar los niveles burocráticos y entorpecer la micro
gestión a nivel local; particularmente de regiones rurales. Además, al
ya no contar con un estimado de afiliados, es muy difícil calcular un
presupuesto claro y por lo tanto el acceso a recursos para una
demanda de servicios desconocida y variable quedará sujeta a la
buena o mala relación entre los gobernadores y la federación. Es
decir, la calidad del servicio variará de estado a estado y esto no
necesariamente acaba con el problema de la corrupción y el desvío
de recursos. No solo eso sino que también, en varias ocasiones, se
han utilizado recursos del Fondo de Gastos Catastróficos para
financiar proyectos públicos dejando a México desprotegido en
situaciones de emergencia como la pandemia del COVID-19 en la
que nos encontramos hoy en día. Y por último, ninguna de estas
medidas acaba con el problema de la mala calidad de los servicios
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