COMISIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR
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para las Administraciones públicas,
especialmente en el sector del agua,
donde la adecuada prestación del
servicio, dada una serie de recursos
limitados,
tiene
consecuencias
directas sobre el bienestar humano
y el desarrollo económico. En este
contexto, la creciente necesidad de
infraestructuras (y el mantenimiento
y reposición de las existentes) y la
menor capacidad del sector público
para movilizar recursos económicos
han posicionado al sector privado
como un agente fundamental para
superar este reto.
La participación del sector privado
preserva el servicio de la intromisión
de intereses coyunturales o partidistas
que no respondan a las necesidades
de una eficiente prestación del
servicio.
Un operador que gestiona un conjunto
de municipios puede generar y
aportar al servicio eficiencia de costes
derivada de las economías de escala.
El sector privado puede aportar,
además, especialización y know-how
en la actividad, que le permiten ser
competitivo en los mercados donde
opera, poniendo a disposición del
sector público y del conjunto de la
sociedad, conocimientos y técnicas
innovadoras.
Capacidad de innovación. La
investigación, el desarrollo y la
innovación son claves para un
sector estratégico como es el
agua, y la colaboración del sector
privado es esencial. Asimismo la
existencia de un operador con
acreditada solvencia técnica, permite
dinámicas profesionales y laborales
que garantizan la permanente
actualización tecnológica de sus
profesionales, con el consiguiente
beneficio para el servicio y los
ciudadanos.
• La separación entre el rol regulador
y el operador favorece los incentivos
para una mayor exigencia, eficiencia y
mejora del servicio.
• Integración de recursos financieros,
ampliar capacidad de inversión.
Para que la colaboración sea exitosa, es
necesario dotar al sistema de una mayor
transparencia y acceso a la información,
que permita involucrar a la sociedad y
establezca una comunicación eficaz entre
los operadores y los agentes sociales.
Es necesario también sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia de la
recuperación de costes para asegurar la
sostenibilidad del sistema.
El sector público debe velar por
establecer modelos de gobernanza que
definan una adecuada asignación de
roles y responsabilidades, estableciendo
metodologías
que
permitan
benchmarking de costes y niveles de
servicio. Todo ello permitiría incentivar la
eficiencia y excelencia en el servicio.
7.2. NUEVOS MODELOS DE
FINANCIACIÓN
Existe una variedad de mecanismos
y modalidades financieros, tanto
innovadores como tradicionales, capaces
de crear las condiciones para la realización
de inversiones y progresar hacia un
modelo más sostenible en la gestión del
agua. Una mayor eficacia del gasto público,
unos instrumentos de garantía así como
una financiación basada en resultados o
los fondos medioambientales son algunos
ejemplos de mecanismos existentes.
El modelo de financiación conocido como
la colaboración público-privada supone
la alternativa inversora más viable por
razones de impacto en el déficit público y
de eficiencia y simplicidad en la gestión, al
incorporar en un solo contrato el diseño,
financiación, construcción y operación de
la infraestructura. Además, minimiza las
posibles desviaciones en plazo y coste de
los proyectos. En este modelo, el estado
propone la infraestructura necesaria y el
sector privado acomete su financiación,
construcción y ejecución, mantenimiento
y explotación. Para que el sector privado
pueda rentabilizar la importante inversión,
gozará de su explotación durante un largo
periodo de tiempo (15-30 años) tras el
cual, la infraestructura volvería a manos
del Estado. La fórmula de colaboración
público-privada permite incrementar
el ritmo inversor, diferir los altos costes
iniciales de la infraestructura (fomentando
la equidad intergeneracional), transferir
riesgos del sector público al privado e
incentivar al sector privado para que
las infraestructuras sean finalizadas en
tiempo y con alto nivel de calidad. Los
ingresos de la empresa privada durante la
explotación pueden provenir del usuario
final (pago por uso) o de la administración
(pago por demanda o por disponibilidad).
Fuente: IE y PwC
Como se puede apreciar en el gráfico
anterior, los proyectos en el sector del
agua financiados con el modelo de
colaboración público-privada no alcanzan
el 5% del total.
Existe pues un largo recorrido de mejora
a la hora de encontrar soluciones y
nuevos modelos de financiación de las
infraestructuras del sector del agua.
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