"Resulta innegable que la historia de Colombia ha estado enmarcada en una violencia cíclica a pesar de los diversos intentos de dejación de las armas y desmovilización de los grupos armados. Sin embargo, lo que se observa es una mutación del conflicto, donde se plantea un cambio de actores y de ideales, pero que en definitiva mantienen a la sociedad inmersa en una infinita lucha de poderes, intereses y odios infundidos a través del paso del tiempo que solamente han dejado innumerables cicatrices en la sociedad, que se deben transformar en el motor para no desfallecer en el propósito de conseguir el anhelado derecho a vivir en paz”
Alexandra Valencia Molina
El análisis de las dinámicas del conflicto armado y sus actores, que durante más de cinco décadas han generado millones de víctimas; de las cuales se reconocen desde 1985 hasta el presente 8.650.159 a nivel nacional, 183.293 en la región del Magdalena Medio, y que el municipio de Barrancabermeja es uno de los mayores receptores y expulsores de víctimas del conflicto. Nos hace entender la necesidad de aportar a la construcción de la paz desde la búsqueda de la justicia y las garantías de los derechos de las víctimas.
Según el Informe “BASTA YA” del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 69,2% de las víctimas fatales de masacres se derivan de acciones cometidas por el Estado, sus agentes y grupos paramilitares. Frente a esto, algunos sobrevivientes han denunciado para que se inicien las respectivas investigaciones, obteniendo como resultado en la mayoría de casos; la dilación en los procesos, el archivo de los mismos, y en general impunidad. Mientras que otros optaron por silenciar su voz para la salvaguarda de su seguridad y la de sus familiares ante las amenazas de posibles represarías de los victimarios
Además, reconocemos que el Estado como actor del conflicto tiene todas las garantías para su defensa y la de sus agentes, contrario a las víctimas de sus acciones, quienes se encuentran en condiciones de pobreza..
Condiciones que entre otras cosas no les permite la contratación de un abogado de confianza, debiendo acudir a la defensoría pública, que si bien, puede tener las mejores intenciones, se encuentra colapsada por la cantidad de casos que debe representar.
La documentación de estos casos se realiza con el fin de acompañar a las familias en la superación de las principales afectaciones generadas por el conflicto armado en sus vidas. Un primer paso es su presentación a la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP en la búsqueda del reconocimiento del derecho de las víctimas a la reparación integral en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición- SIVJRNR.
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introducción