Que ha priorizado el componente militar sobre la garantía de los derechos sociales, económicos y políticos de la población, desatendiendo por ejemplo, el acceso a la salud, la educación, el saneamiento básico o la generación de condiciones para el desarrollo regional. En el Bajo Putumayo, el Estado se ha limitado al cuidado de las inversiones petroleras, a la ejecución de acciones de control territorial y ha omitido su responsabilidad de proteger a la población civil” (Centro de Memoria Histórica, 2014)
Sin embargo, el informe del Grupo de Memoria Histórica no ha sido el único, también la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) publicó en diciembre de 2009 el informe; las sobrevivientes cuentan la experiencia de las mujeres en las masacres de Chengue y El Tigre.