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de las gestiones públicas, participen
directamente en las esferas del quehacer
público. Un solo partido político sin
competencia y perpetuado en el poder
gubernamental por más de medio siglo es
la clara expresión del sistema no
democrático. Va siendo hora de
suplantarlo por el bien de la nación
cubana y sus ciudadanos, de que el
sistema político se abra al pluripartidismo
y permita la coexistencia de otros
movimientos, aunque no enarbolen la
misma ideología. Esto permitiría la
libertad de expresión y asociación, así
como el respeto a los derechos
fundamentales de los individuos y las
minorías.
Los
partidos
políticos
opositores,
como
Arco-Progresista,
Solidaridad Liberal Cubano (PSLC),
Partido Liberal de Cuba (PLC) y otros,
pudieran jugar un papel fundamental en el
sistema
democrático.
No
solo
representando las aspiraciones ciudadanas
y reflejando las disensiones sociales, sino
también estructurando agendas que den
forma a la fisionomía política con las
aspiraciones programáticas del ciudadano
y las esferas institucionales del Estado. La
búsqueda del ciudadano y el trabajo en las
comunidades es prioridad de los partidos
políticos opositores, movimientos, grupos
y proyectos independientes. El resultado
es
una
mayor
aceptación
y
reconocimiento por los ciudadanos, que
van
empoderándose
política
y
socialmente en el contexto del aumento
considerable tanto de sus activistas como
de sus partidarios. No se quedan
rezagados la Plataforma Femenina Nuevo
País (PFNP), el Centro Liderazgo y
Desarrollo (CELIDE) y el Proyecto
Nuevo
País,
que
demandan
la
participación ciudadana en una amplia
gama de responsabilidades cívicas que
potencien, directa o indirectamente, la
civilidad en un nuevo régimen
democrático.

La instauración y consolidación de un
sistema democrático es un proceso
complejo y difícil. Hay una crisis de
representación que desemboca en no tener
cuenta la voluntad ciudadana en la toma
de decisiones. Desde hace más de 30
años, la lucha de forma pacífica por las
organizaciones independientes de la
sociedad civil, de conjunto con los
partidos políticos opositores, tienen la
finalidad común de lograr un Estado de
Derecho, donde el gobierno legítimo
democráticamente elegido garantice la
participación ciudadana tanto directa
como indirectamente en las tomas de
decisiones, así como las libertades de
expresión, movimiento y asociación. Ese
gobierno debe forjar un marco legal justo
que proteja los derechos humanos,
especialmente aquellos de las minorías,
con poder judicial independiente y fuerza
política incorruptible. Ese gobierno tiene
que dar prioridad a la participación
ciudadana y a la organización de la
sociedad civil para que esta cumpla un rol
protagónico en la defensa de sus derechos
y en la formulación de anhelos y
propuestas. Tal espíritu debe presidir
tanto del dialogo nacional como la toma
de decisiones sobre los temas principales.
Las organizaciones democráticas dentro
de Cuba, mediante el consenso y la
deliberación, re-direccionan sus agendas
y estrategias de trabajo. No descansan en
la búsqueda de la emancipación ni
pierden las esperanzas de que Cuba se
integre a la comunidad democrática de
América Latina, para que comience así
una nueva era.

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