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del bienestar y de las posibilidades económicas. La principal vía de acceso son
las remesas familiares y solo el cuatro
por ciento de la emigración cubana es
afrodescendiente. Los patrones de desigualdad y desventaja se han reafirmado con gravísimas consecuencias socioeconómicas para este importante sector
social.
Las medidas económicas que, según el
régimen, pretenden actualizar el modelo
no se mueven en la esfera de creación
de riquezas, estímulo al aumento de la
producción e impulso de nuevos actores
económicos, sino que incrementan y
profundizan las desventajas y desigualdades de las grandes masas, sumidas en
la creciente miseria, especialmente los
afrodescendientes, quienes no cuentan
con las bases materiales ni con los respaldos financieros necesarios para insertarse en los nuevos y limitados espacios
de desenvolvimiento socioeconómico.
A pesar de las crecientes demandas, las
autoridades han demostrado muy poca
capacidad y voluntad de reabrir y socializar el debate sobre la problemática
racial, de reconocer y estimular el desarrollo de instituciones independientes
comprometidas con el tema, como ha
exigido el Comité de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). A pesar de los enormes
peligros que, para el presente y futuro
de Cuba, entraña la creciente polarización social, los gobernantes no muestran
voluntad política ni sentido de responsabilidad para activar mecanismos destinados a rescatar y reconocer, en los
espacios académicos, educacionales y
mediáticos, los valores y aportes históricos de los afrodescendientes. Mucho
menos para promover diseños de empoderamiento que atenúen las enormes
desigualdades subsistentes.
Las autoridades mantienen un doble
discurso. Exigen justicia e igualdad en
el ámbito geopolítico global, participan
activamente en los organismos internacionales con iniciativas y resoluciones

encaminadas a fortalecer la multipolaridad, los equilibrios y derechos de los
pueblos, mientras refuerzan los ambientes discriminatorios y represivos internos. Los gobernantes mantienen a la
sociedad totalmente enajenada del concierto de naciones comprometidas, al
menos nominalmente, con los derechos
universalmente reconocidos.
El gobierno incumple sistemáticamente
con su responsabilidad de educar e informar a sus ciudadanos sobre los instrumentos jurídicos internacionales y los
mecanismos facultativos que protegen y
promueven el respeto a los derechos
fundamentales. El pueblo cubano desconoce los análisis, críticas y recomendaciones que los órganos de tratados de
la ONU, de los que Cuba es signataria,
han realizado en temas tan delicados
como la discriminación racial, la violencia contra las mujeres y niñas, los
derechos de los niños o la libertad de
asociación, reunión y manifestación
pacíficas.
La crisis cubana se profundiza y complejiza también por la incultura cívica y
jurídica que padece el pueblo cubano,
después de medio siglo de totalitarismo,
miedo inducido, censura y represión.
Esto hace muy difícil que el creciente
descontento y rechazo al sistema se
convierta en demanda abierta y articulada de los cambios que necesita Cuba.
No nos conformamos con describir,
criticar y denuncia