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algunos de ellos son producto de su difícil situación familiar. Este último sector constituye un
porcentaje cada vez más alto en la población penal y en su mayoría están encarcelados por delitos
menores. Así demuestran la debilidad e inutilidad
del sistema judicial.
En Cuba hay unos 170 centros penales: 5 prisiones de máxima seguridad, 40 normales y 155 centros abiertos, que albergan más de 60 mil reclusos.
La desigualdad de oportunidades, el aumento de
la pobreza y la exclusión social provocan el aumento de la delincuencia y la tasa de criminalidad. Esto es el vivo reflejo de grandes fallas en
las políticas públicas de las instituciones gubernamentales. Hoy en día se han convertido en prisiones instalaciones destinadas a la educación, dándose un vuelco a uno de los principales objetivos
de una supuesta revolución: disminuir la violencia en la sociedad aumentando el nivel educacional.
Aún quedan muchas tareas pendientes como superar la ineficiencia, la corrupción administrativa
y las fallas judiciales que llevan, por ejemplo, a
que muchos prisioneros permanezcan encarcelados después de haber obtenido la libertad y otros
se pasan del tiempo establecido por la ley para ser
enjuiciados. Algunos son detenidos por mucho
tiempo sin que ni siquiera se le haya interpuesto
la denuncia. Además de la práctica de trabajos
forzosos, otros problemas son la necesidad de

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contar con menos militares en la prisión de menores, atender la capacitación del personal penitenciario e invertir imperiosamente en los centros penitenciarios para sacarlos de su deprimente estado.
Las diferentes instancias que tienen que ver con
el sistema penitenciario, especialmente el sistema
judicial, tienen que ser, en primer lugar, independientes, para ser transformadas en busca de mayor
eficiencia y cumplir con su verdadera función: reeducar.
El gobierno cubano ha ratificado algunos de los
instrumentos de Naciones Unidas que regulan diferentes aspectos sobre el tema penitenciario: la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
Reclusos, la Convención contra la Tortura y otros
malos tratos o penas crueles y su Protocolo Facultativo. Pero no los cumple.
Los ciudadanos, si cometen delitos, deben ser juzgados y condenados conforme a la ley. Es importante que los organismos judiciales brinden mejor
y mayor atención a estos instrumentos y su aplicación, para mejorar la calidad de vida de los reos
y, especialmente, para combatir la corrupción
dentro de las prisiones. Luego viene un proceso
aún más importante: la rehabilitación y la reinserción social de los reos a la sociedad, para evitar la
reincidencia criminal.