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mente terrible en términos de racialidad. Segmentos enteros de afrodescendientes en los núcleos
fundamentales de población, marginados en torno
a zonas industriales o de servicios corporativos,
en cuyo interior la elite cubana asociada al capital
extranjero circulará endogámicamente recursos,
poder, símbolos de estatus, entretenimiento y estética.
Frente a esta avalancha del pasado, cínicamente
revisitado, el poder necesita neutralizar la crítica
antirracista que podría crecer en proporción simétrica al crecimiento del capitalismo de Estado. La
ecuación es simple: a más capitalismo de Estado
más racismo estructural.

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Para que la crítica social se reduzca a una crítica
heroica, difícil de articular, costosa en sus consecuencias y de alcance reducido, el régimen utilizará la ley penal retomando su origen histórico en
Cuba: un ordenamiento jurídico con fuerza legal
proyectado como protección frente a la sociedad,
pero real y culturalmente concebido como castigo
a las transgresiones del otro racial. Esa es la historia penal de Cuba. Una codificación de la ley
como castigo contra los afrodescendientes. Hoy y
ahora extendida al pensamiento de esos otros irreductibles.