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Los delitos de información y el racismo clase y género en Cuba y el mundo Manuel Cuesta Morúa Historiador y politólogo Portavoz del Partido Arco Progresista (Parp) Coordinador Nacional de la Plataforma Nuevo País Miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) La Habana, Cuba 12 C omo sugería Sor Juana Inés de la Cruz de acuerdo con el excelente libro Las Trampas de la fe, del escritor mexicano Octavio Paz, de los mínimos acontecimientos de la vida siempre vale la pena concitar reflexiones mayores sobre la sociedad. Aprovecho esta perspectiva casi epistemológica para aproximarme al tema del racismo en Cuba y su relación controversial con un derecho que no es ni debería ser discutible: el ejercicio de la opinión. Como más o menos se sabe, estuve detenido a fines de enero de 2014, a propósito de la reunión en La Habana de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), por el intento de organizar un foro alternativo desde la sociedad civil. La detención sería —y fue— una anécdota represiva más, en medio del esquema fallido de anular los pulsos vitales que conforman y dan carta de naturaleza a la sociedad. Es importante notar que la sociedad solo existe como espacio autónomo respecto del Estado. En ausencia de esta distancia, nos encontramos ante el fenómeno de los Estados socializados que, como reflejo del totalitarismo social, son otra cosa distinta de la sociedad. La detención dejó de ser una anécdota, sin embargo, por la salida política que el régimen dio al asunto, en una movida extraña que proyectó inconscientemente, como toda proyección, la mentalidad profunda del poder en dos direcciones clave: su negación estructural a la validez de la opinión ―la opinión es un hecho como pluralidad de opiniones, es decir: diversidad de pareceres― y el ropaje legal de sus políticas racistas. Me concentro aquí en la segunda de las direcciones. Al igual que la peligrosidad social como figura delictiva, que permite el encierro de los marginados ―mayormente personas negras en los estratos sociales más bajos― porque constituyen una amenaza al orden racista de los criollos blancos, que se instituyó en Cuba desde tiempos memoriales, la difusión de noticias falsas ―de lo que fui acusado― y la propaganda enemiga o la supuesta filtración de información a potencias o países extranjeros pueden comenzar a ser utilizadas como expedientes legales para contener la crítica intelectual o política al racismo estructural que se profundiza en la Isla. Esa es la tradición cubana en su proyecto logrado de gestión eficaz del racismo histórico: cubrirlo y llenarlo de justicia y legalidad para compensar su culpa a través de la criminalización racial, como a principios del siglo XX. Quienes están familiarizados o estén dispuestos a familiarizarse con esta tradición de criminalizar a los otros, a partir