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Dado el bajo nivel de asignación de di-
neros departamental, éste podría impulsarse
mediante el uso extendido de proyectos de
cofinanciación (sólo el 5,9% de la inversión
en GRD departamental se financia a través
de entidades nacionales) y de instrumentos
económicos, siguiendo por ejemplo el modelo
realizado por las CAR en gestión ambiental, la
cual es financiada parcialmente con recursos
provenientes de tales instrumentos. A mane-
ra de ejemplo, varias CAR hacen uso de la tasa
retributiva por vertimientos puntuales, la tasa
por utilización de aguas, las tasas de aprovecha-
miento forestal, las ecoetiquetas, los Mecanismo
de Desarrollo Limpio, el Certificado de Incen-
tivo Forestal de Reforestación (CIF) y la com-
pensación municipal al alojamiento de rellenos
sanitarios (Ecoversa, 2009). Todos esos elemen-
tos buscan cambiar la conducta de los agentes
frente a comportamientos que impactan el am-
biente y que tienen externalidades que afectan
negativamente a la población, además de ser
instrumentos que se constituyen en otra mane-
ra de recaudar algunos recursos para continuar
con la gestión ambiental y la gestión del riesgo 4 .
En la práctica, las CAR adolecen de
mecanismos a través de los cuales reporten la
información de su gasto en gestión del riesgo.
Pese a lo positivo que significa el uso de instru-
mentos “alternativos” de financiación para la ges-
tión del riesgo, o mejor para la gestión ambiental,
que por su estrecha relación genera un doble im-
pacto desde el punto de vista de las inversiones
realizadas; dichos presupuestos son poco visibles
y no se permite un control nacional o territorial
de los mismos 5 . Esto también genera desarticu-
lación entre la gestión del riesgo que realizan las
CAR y los diferentes niveles de gobierno.
Un análisis comparativo de los departa-
mentos muestra que los de mayor inversión en
gestión del riesgo fueron Antioquia, Casanare
y Cundinamarca, mientras que la inversión per
Anexo .
cápita estuvo encabezada por Casanare, Arauca
y Meta. Si bien Antioquia tuvo la mayor coloca-
ción de recursos en gestión del riesgo, representan-
do el 27,5% de todos los departamentos, seguido
por Casanare (18,6%) y Cundinamarca (15,2%),
Casanare, con una población mucho menor llegó
a $40.377 per cápita, cuadruplicando la inversión
del segundo departamento en este ítem, Arauca,
con $10.913. Cabe resaltar la importancia que las
regalías directas tienen para algunos departamen-
tos en la financiación de este ámbito, rondando el
50% para Santander, Meta y Arauca y pasando del
80% de dineros destinados a actividades en gestión
del riesgo en Casanare y La Guajira (Gráfica A.9)
Al evaluar la relación entre ocurren-
cia de desastres en un departamento y su
respuesta o responsabilidad ante los desas-
tres, se muestra que en general no es cierto
que aquellos entes territoriales con mayor
ocurrencia de desastres son los que más in-
vierten en gestión del riesgo (sea el gasto en
el manejo de desastres o en las cuatro áreas
restantes) como proporción de su inversión
total. Para exponer esto se construyeron dos
indicadores. El primero, el de responsabili-
dad en gestión del riesgo, entendido como el
4 Igualmente, el uso de incentivos tributarios que modifiquen la conducta
para que se reduzca el riesgo de desastres es otra opción que se debería
analizar. Entre los instrumentos de este tipo utilizados por las CAR se en-
cuentran las deducciones de IVA, las deducciones de renta y la exención
del impuesto predial por conservación (Ecoversa, 2009).
5 Con las CAR entonces se dispone de dos caminos: o utilizar la información
consignada en los Planes de Acción de cada una de ellas o usar la informa-
ción de la Contraloría General de la República (CGR). De cualquier manera la
información que se puede obtener no es confiable (se basa en proyecciones,
presenta ejecución de recursos para muy pocos años y es disímil, ya que no
se pueden comparar los datos de diferentes CAR). Sin embargo, se debe
resaltar que la información recolectada por la CGR presenta inversiones en
GRD que no pueden dejarse de lado. Fruto de esos datos se presentan inver-
siones por valor de $88.905 millones del 2002, para el período 2002-2006,
implementadas por 24 CAR, con la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Corporación Autóno-
ma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma Regional
de Santander (CAS) y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(Carder), contribuyendo con aproximadamente el 60% de dicha inversión
reportada (Corporación OSSO, 2009b).
De la planeación a la implementación de la gestión del riesgo de desastres en Colombia
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