Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 360

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Convertir la gestión del riesgo en una política de Estado y superar los desequilibrios existentes en el
Sistema, a través del ajuste y la armonización del marco normativo e institucional
Adoptar una política nacional de ges-
tión del riesgo de desastres que se articule
integralmente a la gestión pública, respalde a
los entes territoriales y promueva la construc-
ción de políticas y planes de acción sectoria-
les específicos. La política de gestión del riesgo
como parte integral de la gestión pública debe
articularse a la planificación, la ejecución, el se-
guimiento, la evaluación y el control de las estra-
tegias de desarrollo económico, social, cultural,
tecnológico, ambiental y político, con un carác-
ter más descentralizado, participativo y demo-
crático, orientado a resultados. Debe considerar
el conocimiento e información del riesgo, su re-
ducción y el manejo de desastres, así como su
contribución a la seguridad territorial, al bienes-
tar social, la calidad de vida y el desarrollo sos-
tenible a partir de la construcción de espacios
de concertación regionales y mecanismos de
cooperación entre municipios, gobernaciones,
las CAR, entes regionales, si existen, sectores y
otros actores del Gobierno Nacional.
Igualmente, corresponde promover la
construcción de políticas y planes de acción
sectoriales para que cada ámbito defina su res-
ponsabilidad sobre la seguridad de su infraes-
tructura, se minimicen las pérdidas de vidas y
los impactos en los medios de producción frente
a los riesgos de desastre, y se garantice la conti-
nuidad de la prestación de sus servicios.
La política requiere de la formulación e
implementación de estrategias específicas para
cada uno de los fenómenos geológicos e hidro-
meteorológicos, considerando variables relacio-
nadas con el cambio climático y priorizando los
fenómenos más recurrentes.
Por último, pero quizás lo más importan-
te, esta política debe apoyar el fortalecimiento
de capacidades y la promoción de estrategias de
complementariedad y subsidiariedad para res-
paldar a los municipios en la gestión territorial
del riesgo, reconociendo que las capacidades lo-
cales son limitadas (la disponibilidad de recur-
sos económicos, técnicos y de personal).
Crear un estatuto de gestión del riesgo
que armonice la normativa actual y atienda los
vacíos identificados en la definición de respon-
sabilidades públicas y privadas. Se requiere un
reordenamiento jurídico de toda la normativa
relacionada con la gestión del riesgo de desastres,
a través de un estatuto para este fin, que además
permita complementar aspectos todavía no re-
glamentados. Se recomienda definir para cada
uno de los diferentes fenómenos los procesos de
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de
desastres, cuáles son los actores que deben inter-
venir en los diferentes niveles territoriales, cuáles
sus funciones específicas y sus responsabilidades,
y cómo se articulan los diferentes niveles territo-
riales para aunar esfuerzos de acuerdo a las capa-
cidades y recursos, asegurando de esta manera el
cumplimiento de los principios de concurrencia,
subsidiaridad y complementariedad establecidos
por la Constitución. En cuanto a las situaciones
de materialización del riesgo, es indispensable que
se reglamenten de manera explícita las tipologías
de las diferentes situaciones (emergencia, desas-
tre, calamidad), haciendo compatible la figura de
la grave calamidad pública, de la que trata la CP
en el art. 215 con la actual declaración de desastre
(Decreto Ley 919 de 1989); también es preciso que
se regulen las responsabilidades e instrumentos
de los procesos de recuperación (rehabilitación y
reconstrucción). Los puntos de contacto entre la
legislación sectorial y la temática del riesgo de de-
sastres deben ser fortalecidos, y la participación e
Balance final y recomendaciones para fortalecer la gestión pública en materia del riesgo de desastres
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