Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 350

Los factores biofísicos y geográficos de los mu- nicipios que condicionan la susceptibilidad a ciertos tipos de amenazas, acompañados de di- námicas inadecuadas para la intervención del territorio, los asentamientos humanos margina- les y la segregación social y económica, generan una multiplicidad de vulnerabilidades que en la historia de las ciudades colombianas se han vis- to materializadas en eventos desastrosos. Casos como el de Cali, Medellín, Cúcuta o Barranqui- lla muestran que los factores de riesgo en las ciu- dades se están acumulando y concretando en un mayor número de eventos y de concentración de daños. En otros casos como los de Manizales y Bogotá, gracias a las acciones de gestión del riesgo, se han disminuido los impactos asocia- dos a los desastres, aunque aún existen condi- ciones críticas que demandan la sostenibilidad de dichas políticas. En general, los municipios de categoría Especial tienen una alta capacidad para incorporar la gestión del riesgo en su pla- neación, finanzas y ejecución, mientras que los que se encuentran en categoría 1 muestran una capacidad media, a pesar de que en la mayoría de los casos disponen de los recursos para una adecuada articulación de la materia en la admi- nistración territorial. En cuanto a los munici- pios de categorías de 2 al 6 tienen una situación más crítica, debido a sus limitaciones técnicas, humanas y financieras. El ordenamiento territorial no es un proceso reciente para el país; sin embargo, se ha avanzado de forma muy heterogénea entre los municipios. Un bajo nivel de reconocimiento de los escenarios de riesgo y de sus necesidades de gestión, vacíos en la identificación de las ame- nazas y vulnerabilidades, falta de articulación con instrumentos de inversión, y debilidades en los mecanismos de seguimiento y control frente a la implementación de los POT, son algunos de los obstáculos que reducen la incorporación efectiva de la gestión del riesgo en el ordenamiento terri- torial. En particular, la situación es más crítica para los municipios de categorías 2 al 6, dada su baja capacidad técnica, requiriendo por tal moti- vo apoyo para una inclusión adecuada de la ges- tión del riesgo en los POT 3 . Los Planes de Desarrollo Municipal son instrumentos que permiten pasar de la política a la práctica de la gestión del riesgo, orientando la planificación del territorio y, a su vez, ejecutando las acciones necesarias. Los PD tienen un carácter político, por lo que la incorporación de la gestión del riesgo exi- ge un proceso de concertación ante diferentes agentes sociales. Partiendo de un diagnóstico elaborado técnicamente y debidamente actua- lizado, se definen las acciones preventivas, co- rrectivas y reactivas del riesgo las cuales deben ser integradas a los planes anuales de inversión, a través de políticas, estrategias y programas, con su correspondiente sistema de seguimien- to y monitoreo. Por su parte, los municipios de categorías 2 al 6, advierten también la ne- cesidad de fortalecer el uso y la efectividad de este instrumento de planificación, mediante la orientación con criterios técnicos, la toma de conciencia que permita continuidad a nivel po- lítico y la disposición presupuestal que garanti- ce una gestión integral del riesgo de desastres. Los instrumentos para la financiación y la inversión en gestión del riesgo son poco usados, y básicamente los recursos correspon- den a los ingresos corrientes de los municipios (37%), seguidos por las transferencias del Siste- ma General de Participaciones (SGP) (21,1%). 3 Por ello se han hecho esfuerzos a través del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal ante Desastres Naturales, donde el Gobierno Na- cional, entre el 2006 y el 2011, prestó asistencia técnica a 792 municipios (equivalentes al 72% del total de municipios del país), para la inclusión del análisis de riesgos en los POT y los PD municipales, de los cuales 379 ya cuentan con un plan de acción. Además, 36 municipios disponen de estudios de zonificación de amenazas y/o riesgos. Balance final y recomendaciones para fortalecer la gestión pública en materia del riesgo de desastres 325