Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 348

2 El riesgo se está acumulando permanentemente en las ciudades y en las áreas rurales, debido a la falta de aplicación y control de las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial municipal, y a la insuficiencia en el manejo de cuencas hidrográficas La planeación en Colombia enfrenta el reto de articular los diferentes instrumentos existentes, en especial aquellos relacionados con la gestión ambiental y territorial como los POMCA, los POT y los PD a nivel municipal y departamental. Disponer de un diagnóstico co- herente y actualizado (que incluya el marco insti- tucional, organizacional, normativo y financiero para la gestión del riesgo, e información sobre condiciones específicas de riesgo) es el punto de partida para el proceso de planificación. A partir de esto, debe haber una integración de la gestión del riesgo con las demás dimensiones de desa- rrollo, definiendo políticas, estrategias y, en espe- cial, programas priorizados dentro de los planes anuales de inversión, además de garantizar la de- finición de metas e indicadores que faciliten su seguimiento y monitoreo. Esos elementos deben ser incorporados en los POMCA, como instru- mentos de mayor jerarquía y escala en las cuencas hidrográficas, tratarse de manera más específica en los POT e incorporarse en los PD para asegu- rar las inversiones. Por lo tanto, superar la actual desarticulación de instrumentos de planificación es un paso crítico para la gestión del riesgo de de- sastres. Ello permitiría la unificación de políticas, la priorización de inversiones y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control. La ambigüedad en las competencias re- gionales para la planeación y el ordenamiento territorial aumenta el riesgo. Considerando que no existe una autoridad única en la planea- ción regional, ni un sistema armónico que inte- gre los instrumentos de distinto carácter y nivel, el aumento del riesgo municipal, tanto en áreas urbanas como rurales, es el resultado de decisio- nes e intervenciones relacionadas con el uso y la ocupación del territorio de manera desarticula- da por parte de los diferentes actores. La compe- tencia de la planeación regional es compartida entre los departamentos y las CAR. Los departa- mentos tienen la responsabilidad de orientar la planeación local en un contexto supramunicipal y coordinar la formulación y ejecución de los PD y los Planes Departamentales de Agua (PDA). Por su parte, las CAR tiene la competencia para: (i) formular instrumentos de planeación y ma- nejo de cuencas, que no siempre coinciden con los límites departamentales; (ii) regular el uso del suelo rural por la vía de las licencias de toma y disposición de aguas, lo cual interfiere con el deber municipal de origen constitucional de re- gular el uso del suelo; y (iii) aprobar la propuesta ambiental de los POT municipales, que sólo en algunas ocasiones atienden las CAR al otorgar las licencias. En relación con la planeación, el ordenamiento y los usos del suelo rural, están débilmente contemplados en los POT, por lo que quedan a disposición de las decisiones de las CAR o de las decisiones sectoriales nacionales. La responsabilidad del manejo territorial regio- nal se diluye entre los diversos actores, no sólo nacionales y regionales, sino también privados que intervienen en el espacio geográfico. Existen factores asociados a las políti- cas, la planificación del territorio y los meca- nismos de control que están incidiendo en la manera como en la historia de las ciudades del país se ha configurado el riesgo, y se han pre- sentado situaciones de emergencias y desastres. La debilidad de los procesos de planificación, la ausencia de políticas de control, la especulación del suelo y la monopolización de los materiales e insumos de construcción, y las particularidades Balance final y recomendaciones para fortalecer la gestión pública en materia del riesgo de desastres 323