Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 322

5.1.2. Contingencias fiscales para
el Estado asociadas a la falta de
claridad en los marcos de política
5.1.2.1. Contingencias en programas de
atención y recuperación postdesastre por falta
de claridad en las políticas
Luego de un desastre el Estado debe
adelantar varias tareas, entre las cuales la aten-
ción a la población afectada es la que presen-
ta mayor dificultad para la estimación de sus
costos. En un desastre, el Estado tiene la obli-
gación de rescatar y proteger a la población en
peligro, y también debe restablecer la prestación
de los servicios que están a su cargo, sobre los
cuales tiene información que le permite definir
la estrategia del caso. Durante la reconstrucción
debe encargarse de su propia infraestructura,
pero también de velar por el bienestar de la po-
blación en “debilidad manifiesta”, la reconstruc-
ción del tejido social y, hasta donde lo considere
necesario, contribuir a reponer las pérdidas ma-
teriales y reparar los daños ocasionados a dicha
población, con el fin de que pueda retornar a la
normalidad. La incertidumbre sobre quiénes
hacen parte de la población en “debilidad ma-
nifiesta” y hasta dónde deben ser apoyados, hace
que esta tarea del Estado sea la más incierta en
términos de costos.
La Constitución y la ley son flexibles
en cuanto a la responsabilidad del Estado
ante los damnificados, permitiendo que ésta
se defina de acuerdo con sus capacidades.
Como se mencionó en el párrafo anterior, la
responsabilidad del Estado frente a los afecta-
dos por desastres se limita a aquellas personas
que se encuentran en condición de “debilidad
manifiesta”, y la interpretación de la Corte al
respecto ha sido que el Estado debe responder
en la medida de sus capacidades. Esto le otorga
flexibilidad al gobierno sobre sus alcances y la
forma de actuar, pero al mismo tiempo, genera
incertidumbre tanto para el Estado como para
los posibles damnificados. El legislador podría
reducir la incertidumbre asignando responsa-
bilidades específicas con nuevas leyes; o bien
existe la posibilidad de que el Estado mismo
defina sus obligaciones a través de instrumen-
tos de política. Lo anterior permitiría maximi-
zar la flexibilidad al mismo tiempo que reducir
la incertidumbre.
Por la ausencia de una política previa o
de mayor desarrollo normativo sobre la aten-
ción a la población damnificada, el Estado está
obligado a tomar decisiones durante la crisis,
lo que termina generando tratamientos dife-
renciales, que en consecuencias fiscales no son
fáciles de cuantificar. A continuación se enun-
cian algunos ejemplos de diferentes decisiones
coyunturales recientes y sus consecuencias:
• Durante la reconstrucción después del de-
sastre del Eje Cafetero, el FOREC ofreció
subsidios de reparación a todas las vivien-
das afectadas sin importar el estrato social,
mientras que las resoluciones del gobierno
con respecto a la atención del episodio de La
Niña 2010-2011 están dirigidas a la pobla-
ción de estratos 1 y 2 principalmente.
• La decisión del FOREC de otorgar un sub-
sidio de reparación para todas las viviendas
afectadas fue modificada por orden judicial,
argumentando el derecho a la vida; se obligó
al FOREC a destinar el subsidio no sólo para
reparar, sino para reforzar estructuralmente
las casas afectadas. La ausencia de políticas
claras en esta materia resultó en costos im-
previstos para el Estado.
• La decisión de llevar a las personas afectadas
a alojamientos temporales condicionó, en el
caso del Eje Cafetero, a que el FOREC tuviera
la necesidad de asignar subsidios para vivien-
das nuevas a todas las familias damnificadas
Responsabilidad pública y privada en la gestión del riesgo de desastres
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