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5.1. LA NECESIDAD DE DEFINIR EL LÍMITE ENTRE LA
RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA
Para hablar de las responsabilidades frente al
riesgo de desastres es necesario entender la cons-
trucción social del mismo. El riesgo corresponde
a los daños o pérdidas potenciales que pueden
presentarse debido a los efectos de eventos físicos
peligrosos en un período de tiempo específico, que
finalmente se materializan en daños, dependiendo
de la vulnerabilidad de los elementos expuestos
(Ingeniar Ltda., 2011); por consiguiente, el ries-
go de desastres se deriva de la combinación de la
amenaza y la vulnerabilidad. Esta última se refiere
a factores construidos por el hombre a través de
los diferentes procesos de decisión frente a la ocu-
pación del territorio, al diseño y las características
técnicas de construcción que configuran el com-
ponente físico de dicha ocupación; decisiones que
se ven influidas por factores económicos, sociales,
políticos, culturales, etc. De otro lado, la amenaza
se refiere a la ocurrencia probable de un fenóme-
no peligroso, que suele clasificarse como natural
en eventos como sismos y erupciones volcánicas,
donde no hay intervención humana directa o
significativa; en cuanto a otros fenómenos, como
inundaciones, deslizamientos y demás, son clasi-
ficados como socionaturales, ya que en la mayoría
de los casos son exacerbados por actividades an-
trópicas como la deforestación, el mal manejo y
uso del suelo o de aguas de escorrentía, como ya se
ha visto en los capítulos anteriores.
Cuando se toman decisiones frente a
la reducción y el manejo del riesgo es funda-
mental reconocer que siempre está implícito el
concepto de riesgo aceptable. Entendido como
aquel que se asume o tolera razonablemente en
consideración a la probabilidad de su ocurrencia,
al carácter limitado de los daños que pueden deri-
varse o a la factibilidad de las medidas de preven-
ción, mitigación, protección financiera, respuesta
y recuperación. Bajo este concepto se toman de-
cisiones, como las asumidas en las normas de sis-
mo resistencia, donde se establecen parámetros
de diseño para 500 años de período de retorno,
en las que se considera que un evento puede tener
el 10% de probabilidad de ser excedido durante
los 50 años de vida útil de una edificación, de
manera que no colapse y se asegure la protección
de la vida, y que pueden existir ciertos niveles de
daños aceptables. No obstante, en términos de
percepción, es importante aclarar que la sismo
resistencia no implica que la edificación sea “anti-
sísmica”, pues no existen tales estructuras; lo que
realmente se pretende es una reducción conside-
rable de los efectos de los fenómenos.
A pesar de la alta frecuencia con la que
Colombia enfrenta desastres por eventos físi-
cos peligrosos, no está claro todavía hasta dón-
de va la responsabilidad pública y la privada en
esta materia. Luego de la ocurrencia de un de-
sastre, la mayoría de los afectados, desde las fami-
lias de bajos ingresos que pierden sus viviendas
hasta el sector productivo que sufre daños en su
infraestructura o producción, esperan la reposi-
ción de sus acervos, subsidios o incentivos tribu-
tarios por parte del gobierno, desconociendo, en
la mayoría de los casos, la responsabilidad en la
construcción de su propio riesgo y las estrategias
de prevención y reducción que pudieron haber
adoptado antes del desastre. El gobierno colom-
biano reciente ha respondido de manera diferen-
te frente a las expectativas y exigencias luego de
cada gran desastre, dejando en evidencia que no
existe una política al respecto.
Responsabilidad pública y privada en la gestión del riesgo de desastres
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