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Como estrategia para reducir el riesgo del
Estado, Manizales (Caldas) y Sabaneta (Antio-
quia) adoptaron modelos de aseguramiento co-
lectivo de vivienda para aumentar la protección
del privado y en algunos casos establecer un sub-
sidio cruzado que cubra a los estratos más bajos.
Manizales tiene un esquema de aseguramiento de
vivienda voluntario contra sismos, el cual imple-
mentó a través de una póliza colectiva que protege
automáticamente a los estratos 1 y 2, mientras que
los demás estratos tienen la opción de asegurarse
voluntariamente, pagando la prima del seguro a
través de la factura del impuesto predial. El grado
de protección de los estratos 1 y 2 depende del nivel
de aseguramiento adoptado de manera voluntaria
por los demás estratos. La inversión del municipio
es netamente administrativa, ya que las pólizas son
pagadas exclusivamente por los propietarios de las
viviendas de estratos medios y altos, lo que redu-
ce el riesgo del Estado con una mínima inversión,
pues la póliza funciona como un subsidio cruzado.
En el caso de Sabaneta, el programa de asegura-
miento colectivo de la vivienda surgió como un
estímulo tributario con el fin de incentivar el pago
del impuesto predial, así como la actualización del
valor catastral de los inmuebles. Desde 1999 la ad-
ministración municipal de Sabaneta contrata un
seguro sobre el valor catastral de los predios resi-
denciales, que cubre a todas las viviendas que se
encuentren a paz y salvo por dicho concepto.
4.3.3. Necesidades de
financiación para la respuesta del
Estado ante desastres
La estimación de las necesidades de fi-
nanciación del Estado para responder a de-
sastres futuros es compleja, debido a la falta
de información apropiada y de claridad so-
bre cuál es su responsabilidad. Las tres fases
de la respuesta del Estado a un desastre: aten-
ción, rehabilitación y reconstrucción, tienen
costos diferentes por hectárea, por persona o
por metro cuadrado, dependiendo del tipo de
desastre. Los valores unitarios de una inunda-
ción en una zona rural son muy diferentes de los
de un terremoto en un área urbana, y no existe
información sistemática y confiable sobre estos
montos en el pasado, entre otras cosas, porque la
respuesta del Estado no es siempre igual y varía
según la disponibilidad de recursos. Ante even-
tos pequeños, por ejemplo, la respuesta ha sido
muy diferente que frente a desastres nacionales,
como el del Eje Cafetero en 1999. El FOREC
otorgó subsidios de vivienda a todas las familias
de estratos 1 a 6 que fueron afectadas, incluyen-
do las que estaban en arriendo, mientras que
no hay registro sobre cuántas de las unidades
impactadas por eventos menores han sido resti-
tuidas. No existe claridad normativa ni política
sobre la responsabilidad del Estado con respec-
to a los damnificados. Se debe prestar atención
inmediata a todos los afectados, sin distinción,
restituir la prestación de los servicios a la mayor
brevedad y hacerse cargo de toda la infraestruc-
tura pública averiada, pero respecto a la po-
blación afectada, existe la percepción de que el
Estado debe hacerse responsable de los estratos
más vulnerables como podrían ser el 1 y 2, pero
no está definido el nivel de esa responsabilidad.
En la medida en que se estipule el compromiso
del Gobierno, se podrá estimar con mayor pre-
cisión cuál es el pasivo contingente del Estado
en materia de desastres (ver Capítulo 5).
Para efectos de diseñar una estrategia
financiera, es necesario diferenciar las necesi-
dades de recursos para atender los eventos de
alta frecuencia/bajo costo y los eventos de baja
frecuencia/alto costo (Banco Mundial, 2008).
39 No se incluye el 2009 porque fue un año en que el fenómeno de La Niña
impactó duramente, pudiéndose considerar un gran desastre por su im-
pacto precisamente en el sector transporte.
Manejo del riesgo de desastres en la gestión sectorial
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