Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 269

por primera vez a los municipios identificar y
reubicar los asentamientos en riesgo alto. Luego,
la Ley 3 de 1991, que crea el Sistema Nacional
de Vivienda de Interés Social y establece el sub-
sidio familiar de vivienda, regula aspectos de la
reubicación. Posteriormente, la Ley 388 de 1997,
sobre ordenamiento territorial, exige a los entes
locales adoptar en un tiempo perentorio sus POT,
e identificar, entre otros elementos, las áreas de
no mitigabilidad y de aptitud para la construc-
ción de vivienda; además, son fundamentales
para reducir el riesgo existente, pues deben exigir
la reubicación de población y definir los condi-
cionamientos y restricciones en el uso del suelo,
para así controlar el aumento de los factores de
amenaza y vulnerabilidad, y evitar la generación
de nuevos escenarios. Si bien los municipios del
país han adoptado sus POT, es evidente que la
definición de un plazo perentorio para su apro-
bación, sin contar con recursos y/o metodologías
técnicamente definidas, ha tenido efectos nega-
tivos en la calidad del manejo de la gestión del
riesgo. Aunque se reconoce que Colombia mues-
tra avances normativos e institucionales en el or-
denamiento territorial, existen grandes retos que
deben ser asumidos en el proceso de actualiza-
ción de tales instrumentos de planificación.
Los últimos tres PND han priorizado la
necesidad de apoyar a los municipios en la re-
ducción del riesgo en el sector vivienda, a través
de la formulación e implementación de los POT.
El PND 2002-2006 tuvo como meta apoyar a
100 municipios en la inclusión de la gestión del
riesgo en los POT, lo que llevó a que el Docu-
mento Conpes 3305 de 2004 reiterara la asig-
nación de esta responsabilidad al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El
tema se retomó durante el PND 2006-2010, y
como resultado dicho Ministerio ayudó a más
de 600 municipios en este proceso (el 57% de los
municipios del país). Sin embargo, en una eva-
luación se concluyó que existen múltiples debi-
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lidades en la conceptualización y adopción de la
gestión del riesgo en el ordenamiento. Ante esa
situación, y por la mínima aplicación del art. 56
de la Ley 9 de 1989, sobre reubicación de po-
blación en alto riesgo, el PND 2010-2014 ordena
al actual Ministerio de Vivienda la definición de
estándares y la asignación de recursos para la
formulación de una metodología para elaborar
inventarios de asentamientos en riesgo, apoyar a
los municipios en la implementación y consoli-
dación de la información.
La estrategia de Mejoramiento Integral
de Barrios, adoptada desde el 2004, además
de proveer mayor calidad en el entorno y las
viviendas, pretende reducir las condiciones
de riesgo; sin embargo, a excepción de la titu-
lación de predios, no se han mostrado avan-
ces importantes. En Colombia hay más de 1,3
millones de viviendas con déficit, incluyendo
debilidades estructurales, por haber sido cons-
truidas bajo procesos informales. El Documento
Conpes 3305 de 2004 adoptó la estrategia Me-
joramiento Integral de Barrios, para facilitar el
acceso a subsidios y acompañar a los municipios
en el proceso. El documento Visión Colombia II
Centenario: 2019 (DNP, 2007) propone optimi-
zar las condiciones de más de 800 mil unidades.
El gobierno asignó $30 mil millones (pesos del
2007) para ofrecer una garantía de la nación a
créditos para mejoramiento de vivienda; sin em-
bargo, esta modalidad fincniera no tuvo acogi-
da. Posteriormente, a través del Conpes 3604 de
2009, se implementó la Política de Mejoramien-
to Integral de Barrios y se propuso la titulación
de 350 mil viviendas y 11 proyectos piloto de
mejoramiento de barrios. A la fecha se han otor-
gado más de 240 mil títulos y 25 mil subsidios;
no obstante, los que se han usado para reforzar
la estructura de las viviendas han sido mínimos.
Los proyectos piloto, como en Barrancaberme-
ja (Santander), han generado buenos resultados
que merecen ser replicados.
Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas