Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 123

actividades relacionadas con la construcción, así
como defender y controlar el patrimonio ecológi-
co y cultural del municipio. Esto implica incorpo-
rar la gestión del riesgo como principio orientador
de su planificación y gestión segura, a través de la
conducción y ejecución de las intervenciones para
prevenir el riesgo futuro, reducir el ya existente y
manejar los desastres en caso de que se presenten.
Bajo el modelo de descentralización es-
tablecido por la Constitución, los gobiernos lo-
cales deben contar con una mayor autonomía,
responsabilidades y poder de decisión frente al
devenir de su territorio. Por eso la responsabi-
lidad de ejecución de las acciones de gestión del
riesgo deben recaer claramente en el nivel local.
Se debe promover una organización más descen-
tralizada que respete la autonomía de los munici-
pios, recordando que el nivel gestor por excelencia
es el local, según el art. 311 CP, que caracteriza al
municipio “como entidad fundamental de la divi-
sión político administrativa” (acento añadido). Por
lo tanto, se debe ajustar el marco legal en cumpli-
miento de estos principios y asignar claramente la
responsabilidad al gobierno municipal, resolvien-
do la dicotomía existente entre los Comités Locales
y la administración municipal, y contemplando la
posibilidad de que el mismo Consejo de Gobier-
no Municipal se constituya en el Comité Local,
como lo plantea el texto que se encuentra actual-
mente en conciliación en el Congreso (Proyecto
de Ley No. 158 de 2011 Senado, 050 Cámara de
Representantes), al cual se invitarán a participar
otros actores, tanto públicos como privados pre-
sentes en el territorio y que tienen relación con
la gestión del riesgo. Sólo cuando los procesos de
gestión del riesgo o los desastres afecten a más de
un municipio o la capacidad local sea superada,
debe intervenir el nivel regional, y cuando la capa-
cidad de ambos sea sobrepasada, el nivel nacional
desempeñará funciones operativas o ejecutoras en
ejercicio de los principios de concurrencia y subsi-
diariedad (art. 288 CP).
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La planificación del uso del suelo urba-
no, principal estrategia para reducir el riesgo
en el ámbito municipal ha estado planteada
desde 1989, pero en la mayoría de los casos
no se ha aprovechado e implementado de la
manera adecuada. La Ley 9 de 1989 (Reforma
urbana) incluyó elementos claves de la planifi-
cación urbana, que se tomaron posteriormente
por la Ley 388 de 1997. La Ley 9 fue la primera
iniciativa que obligó a los municipios a elabo-
rar un inventario de los asentamientos humanos
de alto riesgo y trasladarlos a áreas apropiadas.
Además, instó a los municipios a tomar las me-
didas y precauciones necesarias para evitar que
las zonas de riesgo liberadas fueran utilizadas
nuevamente para la vivienda. Esta obligación ha
sido encargada a las alcaldías, pero se ha cum-
plido de manera limitada. Por lo tanto, después
de 22 años, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 establece la necesidad de que el MVCT
genere una metodología para la elaboración de
inventarios de zonas de riesgo. De otro lado,
el POT, según la Ley 388, tiene un alcance de
largo plazo y busca mejorar la calidad de vida
y complementar la planificación económica y
social con la dimensión territorial, para racio-
nalizar las intervenciones y orientar su desarro-
llo y aprovechamiento sostenible, a través de la
formulación de las restricciones y condiciona-
mientos para el manejo del suelo, que incluye
la elaboración de los estudios e inventarios de
zonas de riesgo, la definición de zonas sujetas
a riesgos que admiten algún tipo de interven-
ción (riesgos mitigables) 14 y de aquellas que no
la permiten (riesgos no mitigables) (SNPAD y
Banco Mundial, 2010). En el marco de la planifi-
14 La mitigabilidad se puede entender como una condición en la que es fac-
tible técnica, económica, social y políticamente intervenir un territorio para
reducir el riesgo de deslizamiento a efectos de que permanezcan la población,
la infraestructura y las actividades económicas dentro de márgenes razona-
bles y socialmente aceptables de seguridad (Ramírez & Rubiano, 2009a).
Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas