Criminalización de la Protesta Social
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Libertad de expresión
La situación para los periodistas e informadores en este sexenio no ha sido mejor, ya que de acuerdo con el trabajo de registro y documentación realizado por Article 19, “en los últimos tres años hay registro de 565 agresiones contra periodistas, medios y trabajadores de la prensa. A detalle, de 2009 a 2011 fue posible documentar 55 violaciones graves; esto representa prácticamente una de cada diez agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.”
Para Article 19, “Los estados donde mayor número de agresiones se atribuye a funcionarios públicos son Chihuahua (47 casos), Veracruz (33), Oaxaca (25), Chiapas (19) y el DF (17). Más aún, hay que agregar que en Chihuahua cuatro de cada cinco agresiones contra la prensa son atribuidas a funcionarios públicos, mientras que en Veracruz se les hace directamente responsables de uno de cada dos incidentes. Cuando se desagregan las cifras a nivel nacional se advierte que en su mayoría, los responsables han sido elementos de Policía Estatal (77 incidentes), Policía Federal (36), Policía Municipal (37) y Fuerzas armadas (41). Es decir, que las fuerzas de seguridad son las responsables de la mitad de las agresiones que provienen de funcionarios del Estado, y que del total de las agresiones de 2009 a 2011 uno de cada tres abusos fue responsabilidad de las fuerzas encargadas de guardar el orden.”
La delincuencia organizada aparece en el segundo sitio entre los principales responsables de ataques contra periodistas y medios en tanto que una de cada siete agresiones proviene de ella.
A sus integrantes se atribuyen también las principales violaciones graves: 24 ataques con armas de fuego o explosivos en contra de medios de comunicación (de los cuales 75% se concentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas);
12 de los 27 asesinatos a periodistcolaboradores de medios, y dos de los cuatro casos de desaparición. En resumen, siete de cada 10 agresiones graves provienen de la delincuencia organizada.
La situación grave de nuestro país lo expone de forma muy clara las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, “Aunque el actual problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población, las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás miembros de la profesión; generan zozobra y autocensura; privan al conjunto de la sociedad de su derecho fundamental a la información, y desalientan la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad. Así también “Las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas son incompatibles con la libertad de expresión de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”
En este sexenio el Estado mexicano sea por acción propia, en contubernio con la delincuencia organizada o por omisión ha contribuido a generar una Guerra Interna en donde la mayoría de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Pero son los defensores de derechos humanos y los periodistas, lo que más han recibido las agresiones por parte del mismo Estado, que ha encontrado conveniente en su “lucha contra la delincuencia organizada” para acallar, amenazar, hostigar, encarcelar e incluso asesinar a quienes denuncian sobre sus políticas públicas.
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Gubidcha Matus [email protected]